El Gobierno recusa por primera vez a dos jueces del Constitucional que considera «contaminados»

En una decisión sin precedentes, el Gobierno recusó ayer a los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata para evitar que el Tribunal Constitucional caiga bajo el control de los conservadores cuando tiene que dictaminar sobre leyes tan sensibles como el Estatuto de Cataluña, los matrimonios homosexuales, el plan hidrológico o la ley de igualdad. Es la primera vez en la historia de la democracia que un Ejecutivo recusa a jueces de esta alta institución.

El presidente del Gobierno, ausente del Consejo de Ministros por encontrarse en Lisboa, respaldó la decisión y el derecho del Ejecutivo a plantear una recusación «fundada en razones legales». «Quien ejerce su derecho, ejerce su derecho», dijo. La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, precisó que el Gobierno se ha visto obligado a ello para «preservar la imparcialidad» de los tribunales.

La institución, dominada por los progresistas desde 2004, cayó bajo el control de los conservadores el martes pasado. El pleno apartó a la presidenta, María Emilia Casas, y al vicepresidente, Guillermo Jiménez, de la sala que decidirá si es legal que ambos prorroguen sus mandatos, que concluyeron en julio pasado, hasta que se produzca la renovación del tribunal, lo que no ocurrirá hasta después de las elecciones generales por el enfrentamiento político.

La posibilidad de prorrogar los mandatos en esta situación esta prevista en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que el Parlamento aprobó en mayo pasado y cuya inconstitucionalidad analiza ahora la corte a petición del PP, que recurrió la norma en julio pasado. La decisión de excluir de esta deliberación a Casas y Jiménez por interés directo en la causa fracturó al pleno en dos mitades -cinco progresistas y cinco conservadores- y salió adelante sólo por el voto de calidad del presidente accidental, el conservador Vicente Conde. Los progresistas acusaron a Conde de pisotear la estricta doctrina sobre abstenciones de los magistrados que regía desde hace años en el tribunal y de actuar sólo por impulsos políticos para descabalgar a María Emilia Casas.

Si la composición de la sala continuase intacta, la nueva mayoría podría dar la razón al PP y anular la prórroga de los mandatos, lo que permitiría la sustitución de Casas por el conservador Vicente Conde y daría el control en todas las decisiones del tribunal a los conservadores hasta que se produjese la renovación de sus miembros.

Sin embargo, si prosperan las impugnaciones presentadas ayer por el Gobierno, los dos magistrados conservadores -García-Calvo y Rodríguez-Zapata- también quedarían excluidos de la deliberación, con lo que los progresistas recuperarían la mayoría (5 contra 3). El recurso del PP podría ser rechazado y Casas y Jiménez seguirían en sus puestos hasta la renovación, con lo que la mayoría seguiría en manos de los progresistas hasta las elecciones. Las recusaciones podrían prosperar, ya que la sala estará compuesta por cinco progresistas y tres conservadores, ya que lo afectados no pueden participar en la deliberación. Aunque este es el trasfondo político y real de la lucha interna en el TC, la inusual decisión se basa en motivos y argumentos jurídicos, respaldados por el informe elaborado por la Abogacía del Estado.

El Gobierno recusa a ambos magistrados porque considera que están «contaminados» para participar en la deliberación del recurso del PP. Explica que ya en junio pasado, un mes después de aprobada la ley y uno antes de que la recurriesen los populares, dirigieron una carta a la presidenta Casas en la que le notificaban su «más profunda discrepancia con el resultado de la reforma legal», en especial con la posibilidad de la prórroga automática de mandatos.