Amenaza y confusión

La nánime repulsa que ha provocado el atentado de ETA contra Gabriel Ginés no ha logrado sobreponerse a las disonancias en los discursos de las fuerzas democráticas, confirmando que la unidad en el rechazo de la violencia no alcanza hoy ni a los diagnósticos sobre la misma ni al alcance de la actuación del Estado de Derecho. La crudeza con que los terroristas certificaron en Bilbao su disposición a volver a matar constituye una amenaza de tal nitidez para la sociedad y la democracia que exigía, a partir del mismo momento en que estalló la bomba lapa, una respuesta institucional tan rotunda y cohesionada que ayudara a mitigar el desconcierto, la desolación y el miedo generados. El silencio que optó por guardar la cúpula del Gobierno no sólo resulta ya del todo contraproducente ante la gravedad de la escalada violenta anunciada por la propia izquierda abertzale. También diluye el efecto de las palabras con las que el presidente Rodríguez Zapatero trató de tranquilizar ayer a la ciudadanía, al asegurar que el Estado se encuentra «muy fuerte y muy preparado para este combate».

Esa afirmación refuerza la impresión de que el Ejecutivo, tras sus inquietantes titubeos cuando ETA rompió la tregua, ha interiorizado que la banda ha decidido regresar al irreductible camino del terror y que, frente a semejante determinación, sólo cabe responder con toda la contundencia democrática del Estado de Derecho. Pero esa convicción requiere de un discurso coherente y riguroso, que permita visualizar un liderazgo firme para enfrentarse a los atentados etarras y al continuado matonismo de la ilegalizada Batasuna. Un objetivo que se ve perjudicado por declaraciones tan desacertadas como las del ministro de Justicia, asegurando que se instará la ilegalización de ANV «cuando la jugada lo aconseje, se den las condiciones o existan pruebas», o por el aparente desistimiento del Ejecutivo a investigar, a través de la Fiscalía, el posible carácter delictivo de las advertencias realizadas por Pernando Barrena antes del atentado. La sociedad, pero, en especial, los cargos públicos amenazados, precisan en estos momentos de la cobertura de un discurso ético unitario que concierne no sólo a la solidez del Gobierno, sino que ha de conllevar la renuncia del PP a modular su discurso en función de las perspectivas electorales y el abandono por parte del Gobierno vasco de las apelaciones baldías a la responsabilidad de la izquierda abertzale.