La trastienda de la intervención de Sánchez a la Junta de Andalucía

El Ministerio de Hacienda desbarata una emisión de bonos sostenibles a largo plazo negociada para 2020

El portavoz del Gobierno andaluz, Bendodo, y el consejero de Hacienda de la Junta, Juan Bravo, explican las consecuencias EFE

Juan J. Borrero

El Ministerio de Hacienda y el presidente Sánchez sostienen que Andalucía no ha sido intervenida, pero un vistazo a las condiciones del programa para la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico para 2019 demuestra que el Estado tiene potestad para controlar y supervisar las cuentas de la comunidad y, sobre todo, decidir la capacidad de gasto y las fórmulas de financiación.

La Junta admite que según las rglas del juego planteadas por el Gobierno de Rajoy en los momentos más duros de la crisis, la desviación del déficti de 2018 les remite al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), aunque no sea imputable a la gestión política del actual Gobierno. Otra cosa distinta, opinan en la consejería, es que necesariamente esto suponga imperdirles acudir al mercado a buscar financiación. Consideran que la norma permite más flexibilidad, como sostiene la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) , que recomienda no tomar medidas intervencionistas a las comunidades que tengan problemas estructurales y solo presenten incumplimientos puntuales. La reciente aprobación de un presupuesto con objetivo de déficit cero, creen que debe ser un aval suficiente para que el Ministerio de Hacienda dé marcha atrás y autorice a seguir buscando financiación en los mercados.

Ese es el mayor contratiempo ahora para la Junta porque desbarata una negociación que ya tenía cerrada la Consejería de Hacienda para obtener dinero a largo plazo a muy bajo interés.

Hay liquidez en el mercado y buenas opciones de bonos con rantabilidad. En octubre, la Junta colocó 430 millones a 30 años . Un éxito que esperaba repetir en 2020.

En 2020 tiene que hacer frente a una suma de amortizaciones de casi 5.000 millones

Uno de los problemas financieros que tiene Andalucía ahora es que el plazo medio de amortización está en una media de 4 años. En 2020 tiene que hacer frente a una suma de amortizaciones de casi 5.000 millones (de los 38.000 millones del montante global de su deuda viva). La recomendación de los técnicos para tener menos carga financiera es ampliar el plazo medio de amortización de los créditos hasta 7 años.

La inclusión en el FLA impide a las comunidades realizar operaciones instrumentadas en valores, «ni operaciones de crédito a largo plazo», salvo previa autorización expresa de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional.

Para 2020, antes de la intervención, Andalucía tenía autorizada la emisión de bonos por un máximo de 1.390 millones. La Junta había desplegado una estrategia para 2020 acordada con el Banco Europeo de Inversiones para la emisión de bonos sostenibles (en inversiones con sello verde ecológico) de parte de esos 1.390 millones de crédito autorizados por el Tesoro. Era, aseguran, otro éxito seguro que el Ministerio no va permitir celebrar a Andalucía . El banco es ahora el Estado y puede poner las condiciones que quiera, con lo que Andalucía pierde libertad y autonomía.

Aunque la Junta no está por redactar un plan de ajuste, la decisión del Ministerio le obliga. Y será supervisado. Los técnicos sospechan que será entonces cuando se apliquen criterios políticos para intentar tumbar medidas de calado ideológico como la rebaja de impuestos.

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