El PSOE y Ciudadanos dan ya por cumplido el 30 por ciento del pacto de investidura

No es una balsa de aceite pero casi; los roces son mínimos hasta tal punto que no es ni siquiera necesario pactar los disensos, lo que es una situación hasta ahora desconocida en el Gobierno andaluz donde los pactos han sido casi siempre tormentosos, sobre todo el último que terminó en un divorcio sonado y con la convocatoria de unas elecciones adelantadas. Lo más curioso de este caso es que tanto el PSOE como Ciudadanos están satisfechos con la marcha del pacto de investidura sin necesidad de grandes alharacas ni escenificación en reuniones de la comisión de seguimiento. Aunque algo de teatro hay siguiendo las reglas de la política.

El PSOE asegura que todo va como estaba previsto, que están satisfechos con el trabajo realizado y que agradecen la «altura de miras» de la formación naranja; mientras que la parte más débil, Ciudadanos, tiene cuantificados los puntos que, según su criterio, ya se han cumplido.

Juan Marín explicó a ABC que en menos de un año en el Parlamento andaluz se han llevado a cabo 21 de los 72 puntos que pactaron con los socialistas para hacer presidenta a Susana Díaz, lo que supone un 30,43% del total de acuerdos que eran para toda la Legislatura. Yes todavía más optimista en lo que se refiere al futuro ya que, según sus cuentas, a finales de este año se van a cumplir 40 puntos de los que firmaron con lo que se podría llegar a la mitad del pacto.

Su estrategia política se basa, ciertamente, en ese argumento, «nosotros hemos logrado más en pocos meses en la oposición que el PP en más de treinta años», repite insistentemente cuando se le pregunta al respecto. Y su partido a nivel nacional (es decir, Albert Rivera) coincide con el análisis de su líder andaluz, así que todos contentos.

Sobre todo la presidenta andaluza Susana Díaz que exhibe su estabilidad institucional como un logro personal y mucho más en unos tiempos en los que pocos líderes son capaces de concitarlo.

La próxima batalla

Hay muchos asuntos en los que el PSOE y Ciudadanos no coinciden sino más bien todo lo contrario, pero no parece que vayan a ser una fuente de conflictos insalvables por la capacidad negociadora del PSOE, sobre todo de Jiménez Barrios que es quien lleva la batuta en este caso; y por la flexibilidad de Juan Marín, que siempre está dispuesto a hacer renuncias en las negociaciones. Pero también quiere mostrar su lado más fiero, sobre todo después de la crisis de su partido en Jaén, donde los tres concejales del ayuntamiento de la capital que ha expulsado lo acusan de estar «entregado a cambio de no se sabe qué» al PSOE.

Esta semana se va a sentar a negociar con el Gobierno la reducción del impuesto de sucesiones, un asunto crucial para su formación política por lo que lleva unos días presionando al respecto. De ahí sus palabras sobre un «enfriamiento» en sus relaciones con el PSOE. Marín quiere que este tributo se reduzca en este mismo 2016 y quiere elevar hasta 350.000 euros el tope de herencias eximidas. Pero las cuentas del PSOE son otras, ya que apuestan por «modular» los tramos de pago. Las posturas iniciales están claras. Está por ver cuál de los dos se lleva el gato al agua aunque lo más probable es que el acuerdo se cierre sin vencedores ni vencidos. A ninguno de los dos conviene.

Discrepancias

Los demás partidos políticos se empeñan en evidenciar lo que denominan «entreguismo» de Ciudadanos a los intereses del PSOE, por eso los diputados naranja se afanan en presentar iniciativas y propuestas que, sistemáticamente, rechazan los socialistas. En el último Pleno del Parlamento, celebrado esta pasada semana, Ciudadanos pidió una Ley de Segunda Oportunidad, exigió al Gobierno la apertura del Hospital de Loja, ha insistido en la resolución del conflicto de la Cónsula, al tiempo que ha pedido menor tiempo de espera para las mujeres que demandan la reproducción asistida.

Las prioridades

Pero no son esas sus prioridades. Desde Ciudadanos quieren cerrar este 2016 con otros logros en su mochila: el fin de los aforamientos de los diputados en el Parlamento andaluz a través de una modificación de la Ley Electoral andaluza, y la puesta en marcha de otra norma sobre la Formación Profesional con una dotación económica entre 120 y 130 millones de euros.

De hecho, ya están trabajando en ambas iniciativas aunque ambas tendrán que pasar por un complejo trámite parlamentario.

Muchas cosas quedan pendientes de llevar a cabo, sobre todo las relacionadas con la investigación sanitaria y, sobre todo, con un mayor control a los partidos políticos y sus cuentas, además de reformar la Cámara de Cuentas y limitar los cargos de libre designación al nivel 30.