El método de los ERE: una fábrica de paro en el páramo laboral andaluz

Antonio R. Vega

15/12/2019
Actualizado a las 14:25h.

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«No vamos a dejar tirado a nadie». Manuel Chaves se lo prometió con estas palabras a los extrabajadores de la multinacional Delphi , que se reunieron con el entonces presidente andaluz tras recorrer a pie los 119 kilómetros que separan Sevilla de Puerto Real, localidad gaditana golpeada por el cierre de la factoría automovilística, el motor de la provincia con la tasa de desempleo más alta de España. Se la bautizó como la «Marcha por la Dignidad» y vino precedida de una huelga general y de disturbios con la quema de neumáticos y barricadas en los accesos por carretera a Cádiz.

La desaparición de la planta en la deprimida comarca gaditana se había convertido en un quebradero de cabeza para la larga hegemonía institucional del PSOE. Representaba una amenaza para la «paz social», el objetivo recogido en el convenio que institucionalizó en 2001 el «sistema fraudulento» por el que han sido condenados el expresidente socialista; su sucesor, José Antonio Griñán, y 17 miembros de su Gabinete a penas que suman 68 años de prisión y más de 253 años de inhabilitación. La Audiencia de Sevilla consideró en su sentencia que crearon un método «ilegal» para financiar despidos y prejubilaciones en empresas con un «descontrol absoluto» sobre los 680 millones de euros repartidos.

La promesa de Chaves, realizada en plena campaña de las elecciones municipales de 2007, resumía en pocas palabras una manera de ejercer el poder en el que el interés político estaba por encima de la ley. La falta de controles administrativos –desactivados deliberadamente– hizo que arraigaran el clientelismo, el nepotismo y la arbitrariedad.

Con el paso del tiempo, este modelo proteccionista dio pie a distintos sumarios que se acumulan en los despachos de los magistrados. Son los casos ERE, Formación, Avales, Agencia IDEA o la nueva causa abierta contra Chaves y Gaspar Zarrías por las ayudas encubiertas dadas a Hijos de Andrés Molina S.A. (Cárnicas Molina). En esta fábrica de chorizos de Jaén se encuentra la piedra Rosetta para descifrar el jeroglífico de los ERE.

Las objeciones puestas por los interventores a las subvenciones excepcionales concedidas a esta industria cárnica fueron el detonante del sistema «ilegal» y «opaco». El Gobierno andaluz puso en práctica por primera vez un atajo administrativo que consistía en que la Consejería de Empleo o de la Presidencia comprometía ayudas, pero delegaba el pago en un ente externo a ella, el IFA, Instituto de Fomento de Andalucía (luego reconvertido en la agencia IDEA).

A golpe de talonario público y sin control, tapaba cualquier asomo de disidencia social provocada por el cierre de empresas . El fin político justificaba los medios empleados. La Junta lo mismo nacionalizaba empresas privadas como Santana y Cárnicas Molina, convertidas en una extensión más de su sobredimensionada administración paralela, que engañaba a la Seguridad Social pagando nóminas a parados de Delphi por el mero hecho de asistir a cursos.

Cada vez que una multinacional arrancaba una chincheta del mapa para irse a otro lugar donde producir fuera más barato, emergía la Junta como el rumboso Tío Sam en plan Bienvenido Mister Marshall para derramar ayudas, incentivos, prejubilaciones y préstamos a fondo perdido en sociedades condenadas de antemano al cierre.

Planes como Linares Futuro o el Dispositivo Especial de Delphi fueron pan para hoy, hambre y desempleo para mañana . Sirvieron para ganar elecciones pero no lograron sacar a Andalucía del primer vagón del desempleo. En Puerto Real el paro era del 25,6% al final de 2006. Seis años después, la tasa escaló hasta el 40,7%.

La crónica de Delphi, Santana o Cárnicas Molina, que acapararon mil millones de euros en ayudas públicas, es la historia de los fracasos del PSOE o de la Junta –no se sabía dónde empezaba el partido y acababa la institución– para sacar a Andalucía de su secular subdesarrollo industrial.

Chaves y su exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, han sido imputados por la concesión de un préstamo-puente de 5,8 millones de euros a Campocarne , filial de Campofrío, para adquirir esta fábrica, crédito que fue validado por el Consejo de Gobierno en 1999 y que «nunca iba a ser cobrado». Veinte años después, el Gobierno del PP y Ciudadanos ha hallado expedientes sin entregar al juzgado relacionados con esta operación en cajas fuertes alojadas en los sótanos de la sede de IDEA, el ente que funcionó durante una década como «caja pagadora» de las subvenciones irregulares.

En 1995, la emblemática industria, que en su época dorada llegó a concentrar el 6% del mercado cárnico en España, suspendió pagos y la Junta adquirió el 80% del accionariado de la mano del IFA. El Ejecutivo puso al frente de la planta intervenida a César Braña, exgobernador civil de Cádiz, ya fallecido. Años después, Braña apareció como intruso en un ERE subvencionado de la textil malagueña Hitemasa, donde nunca había trabajado.

En octubre de 1998, la Comisión Europea había declarado ilegales ayudas por un montante de 54 millones de euros (9.000 millones de pesetas) concedidas a la cárnica. Para eludir las objeciones de Bruselas, la Junta urdió un «plan b», que consistía en venderle sus acciones a Campocarne con dinero público, a través del préstamo-puente como anticipo de las ayudas futuras que iba a darle. El grifo continuó abierto. Gaspar Zarrías, secretario general del PSOE en Jaén, firmó el convenio que puso el plan en órbita. Por entonces, el conseguidor Juan Lanzas ya representaba al comité de la empresa.

En paralelo, entre 1999 y 2000, la Intervención delegada de Empleo puso «reparos» por la «excepcionalidad de las ayudas» para prejubilar a extrabajadores de la cárnica. Fue entonces cuando se diseñó el sistema fraudulento de ayudas porque «en la Consejería de Trabajo se tenía la preocupación que lo mismo que había ocurrido en Cárnicas Molina se extendiera a Santana Motor, Astilleros, la Bahía de Cádiz e incluso la Faja Pirítica de Huelva», contó el exdirector general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero a la juez del caso ERE, Mercedes Alaya, en marzo de 2012.

Con el nuevo modelo, la Administración inyectó hasta 6,8 millones de euros en la compañía . El declive continuó. Campocarne vendió sus acciones a Primayor, que entró en quiebra en 2007. Zarrías salió de nuevo al rescate. En 2008 se reunió con Lanzas y José María Ruiz-Mateos en su despacho oficial y acordó recolocar a parte del personal en una nueva planta gestionada por Dhul. Un año después del encuentro, la Junta concedió 10,5 millones a los Ruiz-Mateos con cargo al «fondo de reptiles». Los empleos nunca se crearon y el proyecto naufragó.

En febrero de 2007, Delphi, una multinacional estadounidense dedicada a la fabricación de componentes para automóviles, echó el cerrojo a su factoría de Puerto Real. Dejaba en la estacada a 1.539 empleados directos y 1.300 de la industria auxiliar. Una herida demasiado profunda en el frágil tejido industrial de la comarca. El Gobierno andaluz se lo tomó como una traición, porque la empresa se había comprometido a mantener la plantilla hasta 2010 a cambio de subvenciones. Distintas consejerías le habían inyectado hasta 62 millones de euros en ayudas desde 1986. De cada proyecto que salía de la planta gaditana, financiaba entre el 5 y el 20% del coste.

Una auditoría encargada por la Junta reveló que la multinacional no había jugado limpio. Se había llevado maquinaria industrial subvencionada a otra factoría en la ciudad polaca de Tychy. El dinero andaluz no se recuperó. A despecho de la realidad, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, declaró en una entrevista que «Delphi no nos ha costado un duro».

En la calle la presión de los despedidos se hacía insoportable. La Junta vendió como una «oportunidad» el cierre de Delphi y dibujó un futuro prometedor mediante la puesta en marca del Plan Bahía Competitiva, que iba a atraer inversiones empresariales a la comarca de su mano y con el apoyo de José Luis Rodríguez Zapatero. Aquello resultó otro fiasco. Ayudas del Estado por 25 millones acabaron en las redes de empresas fantasma que nunca llevaron a cabo los proyectos.

Entre 2009 y 2012, la Junta gastó 98,5 millones en prejubilar a empleados de Santana . En paralelo, puso sobre la mesa un plan dotado de 105 millones y pactado con los sindicatos para formar a 1.500 ex Delphi hasta que fueran recolocados en otras firmas. En 2014, la Inspección de Trabajo emitió un informe que alertaba de que el programa era un «fraude» al ofrecer de forma ficticia la condición de trabajadores a parados por asistir a cursos.

De los 105 millones repartidos entre entidades dedicadas a la formación, el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda se hizo con el trozo más grande del pastel: 33 millones. El antiguo político socialista defiende que realizó todos los cursos. La Policía lo acusa de crear «organización criminal» con la única finalidad de «obtener el mayor número de subvenciones de la Junta posible y enriquecerse mediante métodos ilícitos». Ironías del destino: el presidente del comité de empresa de Delphi acabó afiliándose al PSOE.

Santana Motor fue otra china en el zapato de la Junta y un pozo sin fondo de dinero público. En marzo de 1995 la Junta, de nuevo a través del IFA, compró a Suzuki la factoría de Linares por una peseta. Era un regalo envenenado. El Gobierno de Chaves tuvo que gastarse 99 millones en levantar la suspensión de pagos que pesaba sobre la planta tras la espantada de los japoneses. Lo que iba a ser una solución provisional, hasta que encontrara a otro propietario, se convirtió en un dolor de cabeza. Incapaz de tapar la hemorragia tras invertir cerca de 600 millones, en febrero de 2011 el Ejecutivo socialista desenchufó la fábrica del respirador al que llevaba años conectada.

Pero la manguera de dinero siguió enchufada. La Consejería de Empleo le concedió otras nueve ayudas por importe de 98,7 millones con cargo al fondo de los ERE . Incluso cuando ya había sido disuelta, la agencia pública IDEA siguió costeando las trampas que había dejado otro préstamo de 36,1 millones concedido en 2009. La Intervención autonómica censuró este crédito autorizado por el Consejo de Gobierno porque era dinero público entregado a fondo perdido. La Policía, que investiga la operación a instancias de un juzgado, concluyó que «parte del préstamo no fue utilizado» para el fin previsto: la fabricación del todoterreno Massif.

La Junta, que durante años prometió que jamás iba a clausurar la fábrica, se quedó sin gasolina. Como sucedió con Delphi y Cárnicas Molina, el entierro de Santana le salió muy caro . La herida aún no ha cicatrizado en Linares. La cuarta parte de la población activa del segundo municipio más importante de Jaén está hoy en el paro.

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