La sede de la Amaya, en Sevilla
La sede de la Amaya, en Sevilla - J. M. SERRANO

El Gobierno andaluz en funciones desvía 7,6 millones de euros más a su «administración paralela»

El Ejecutivo de Susana Díaz aprueba una financiación extra para la Agencia de Medio Ambiente y Agua

SevillaActualizado:

Indiferente a los vientos de cambio político que soplan tras las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre, la Junta de Andalucía sigue alimentando hasta el último día su administración paralela, como se conoce a la red de sociedades mercantiles, agencias empresariales, organismos autónomos, fundaciones y consorcios que Partido Popular y Ciudadanos se proponen recortar si gobiernan, de acuerdo con el programa pactado por ambas formaciones.

El Ejecutivo andaluz en funciones aprobó una modificación presupuestaria para aumentar en 7,65 millones de euros la financiación pública de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya) y cubrir un agujero que lastraba las cuentas esta entidad instrumental creada para realizar trabajos que corresponden a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el ámbito de la conservación de la biodiversidad, el cambio climático, la gestión del agua y la extinción de incendios forestales.

El Consejo de Gobierno andaluz autorizó esta transferencia de créditos millonaria el pasado 18 de diciembre, dos semanas después de los comicios autonómicos que pueden acabar con 36 años y medio de hegemonía del PSOE en el palacio de San Telmo. En la memoria justificativa de la propuesta, a la que ha tenido acceso ABC, la secretaria general técnica de Medio Ambiente, Isabel López Arnesto, propone dar de baja hasta 7,65 millones de otras partidas correspondientes a la Sección de Deuda Pública y a la citada Consejería para acudir en auxilio de la agencia Amaya con una financiación adicional por el mismo importe que permita equilibrar los resultados y cubrir las pérdidas. El dinero se resta de partidas destinadas a financiar a ayuntamientos (799.050 euros), empresas privadas (200.000), infraestructuras (199.455) y vestuario del personal (160.000), entre otros conceptos.

En el informe firmado el pasado 28 de noviembre y aprobado con el gobierno ya interino, la responsable de la Consejería justifica esta inyección extra de recursos porque se ha puesto de manifiesto «un desequilibrio del presupuesto de explotación de la agencia». Este descuadre obedece, por un lado, a la disminución de ingresos que recibe de la entidad procedentes de la Junta de Andalucía como «consecuencia del menor volumen de encargos recibidos» y que se han cuantificado en 3,47 millones de euros y, por otro, a la imposibilidad de cobrar 4,17 millones de euros correspondientes a cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondientes a los ejercicios de 1999 y 2000 que la agencia confiaba en deducirse.

Se trata de unos ingresos registrados como activos en el balance de la entidad que no tenían cobertura presupuestaria y que finalmente no van a entrar en sus arcas. El origen de este descubierto es una serie de inspecciones realizadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) que obligó a repercutir el IVA de determinados trabajos, resoluciones con las que no estaba de acuerdo Medio Ambiente. Las distintas interpretaciones sobre la normativa fiscal llevaron a la agencia a presentar reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), que estimó de manera parcial sus pretensiones.

Desfase general

Dando por perdidos estos ingresos, la agencia retoca los presupuestos autonómicos para tapar el desfase generado. En la memoria que acompaña la modificación presupuestaria se expone que la agencia ha realizado menos trabajos por encargo de la Consejería. Como consecuencia, el personal destinado a estas tareas se ha empleado en otros menesteres «que constituyen la actividad propia de la agencia». Es decir, la disminución de encargos no ha supuesto una reducción correlativa de los costes en el personal. Como es preceptivo, la operación cuenta con los informes favorables de la Dirección General de Planificación Económica y la Intervención General de la Administración autonómica.

El informe, que ha pasado por el Consejo de Gobierno que preside Susana Díaz, revela que la agencia Amaya tiene casi como exclusiva fuente de financiación los presupuestos de la Junta de Andalucía. Durante 2018, ha recibido transferencias por importe de 249,33 millones de euros para mantener esta entidad, incluyendo los 7,65 millones extra aprobados.

La Ley 1/2011 de Reordenación del Sector Público, tildada por los sindicatos más beligerantes como ley del enchufismo, supuso que los casi 5.000 empleados de la extinta empresa Egmasa se integraran en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. En la Agencia conviven trabajadores sujetos a tres convenios distintos, con salarios y condiciones laborales muy desiguales y regulaciones diferentes: Infoca, Estructura y Operarios del Medio Natural.