VISTA EN EL SUPREMO
La Fiscalía rechaza las «excusas» de Chaves y Griñán en el caso ERE: «Nadie asume ninguna responsabilidad»
El Ministerio Público asegura en el Supremo que «ni una sola de las 200 ayudas» cumplió los requisitos legales para dar subvenciones
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha calificado de «excusas» las «versiones exculpatorias» expuestas por los máximos responsables de los gobiernos socialistas en Andalucía que han pedido su libre absolución en el caso ERE. « Nadie asume ninguna responsabilidad cuando la normativa en ningún caso admite la posibilidad de usar esa partida presupuestaria« para repartir subvenciones. Para ello se utilizó un sistema «opaco –no fue nunca publicado en el diario oficial–» de ayudas a empresas que desvió 680 millones de euros con «una absoluta falta de control» durante diez años (2000-2009), según la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Diecinueve ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán , han presentado recursos contra la citada resolución por la que fueron condenados por prevaricación y/o malversación por urdir el sistema para la concesión de ayudas sociolaborales a empresas. Diez de ellos, Griñán entre otros, se enfrentan a penas de prisión que suman en total 68 años y 3 meses y 13 días .
La Sala de lo Penal del Supremo celebra una vista desde este miércoles hasta hoy jueves para revisar la sentencia. La sesión, que se retransmite por streaming, puede seguirse en esta página . Después de que la veintena de defensas de los ex altos cargos de la Junta esbozaran sus argumentos para impugnar la resolución, este jueves intervienen desde las 9.30 horas los dos fiscales del Supremo Fernando Prieto Rivera y Rafael Escobar Jiménez . El Ministerio Público ha pedido que se confirmen íntegramente las condenas, al igual que el letrado que ejerce la acusación popular del PP andaluz, Luis García Navarro.
Culpas a los subordinados y al interventor
Durante la vista que se desarrolla esta mañana, el fiscal Fernando Prieto del Supremo ha censurado que en la sesión anterior, los defensores de los condenados «acuden a numerosas excusas» para eludir cualquier responsabilidad. Pretextan que «han desconocido el contenido de los convenios [de concesión de ayudas a empresas], que no hubo nunca reparo de la Intervención, otros se escudan en los mandos intermedios o culpan a la Intervención de la Junta de Andalucía». El exinterventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez entre 2000 y 2010 fue absuelto por la Audiencia sevillana.
Patentes ilegalidades
En suma, señala el fiscal, «salvo algunos responsables de la Consejería de Empleo, todos eluden su responsabilidad» y afirman que no han recibido ni les han llegado los sucesivos informes del interventor que cuestionaban el procedimiento de ayudas y de los que eran destinatarios. «¿Alguien cree que esto es posible en una recta administración? ¿Qué mensaje trasladamos al ciudadano? », se preguntó el fiscal. Y concluye, en las citadas alertas, quedaba claro que no se trataba de meras irregularidades, sino de « patentes ilegalidades ».
En su intervención, el Ministerio Público ha rechazado los argumentos de las defensas y ha destacado que « ni uno solo de los 270 expedientes [de ayudas] cumplieron ni uno solo de los requisitos para la concesión de las subvenciones». « No existían procedimientos ni existían expedientes », ha proclamado ante el tribunal formado por cinco magistrados que debe decidir sobre los recursos. Han insistido, como los peritos de la Intervención del Estado, que se hizo un uso inadecuado del sistema de presupuestación de las transferencias de financiación para pagar ayudas, lo que impedía, a su juicio, fiscalizar el destino del dinero público.
« No hay ningún tipo de norma que admita la utilización de la partida de financiación para el pago de subvenciones. Está expresamente prohibido», ha dicho para luego subrayar que en 2010 se volvió al sistema anterior. Para el fiscal, la «única explicación» es que «se quiso modificar el sistema de concesión de las ayudas para evitar cualquier tipo de control«.
En el escrito que los fiscales presentaron ante la Sala Segunda del Supremo, pidieron confirmar las condenas de los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez; del exvicepresidente autonómico Gaspar Zarrías ; de cuatro exconsejeros más... y así hasta completar los 19 ex altos cargos a quienes la Audiencia Provincial de Sevilla atribuyó delitos de prevaricación y/o malversación. Diez de ellos se enfrentan a penas de prisión, de hasta seis años en el caso de Griñán.
«Conocieron y propiciaron la salida de fondos»
En su informe de 789 páginas elevado a la Sala que debe resolver los recursos de los condenados, al que tuvo acceso ABC, la Fiscalía considera que los acusados que formaron parte de los Consejos de Gobierno «conocieron, propiciaron y ejecutaron la salida de fondos públicos». Los principales gestores autonómicos, señala, « posibilitaron un sistema, o actuaron en el mismo, que eludía por completo cualquier control en la concesión de las subvenciones».
El sistema ilegal de ayudas nació de «una decisión colectiva de la que eran conscientes los responsables de la Administración ». Para el Ministerio Público se antoja «impensable» que una decisión de este calado, que se prolongó en el tiempo durante una década (2000-2009), no fuera «colegiada».
Los fiscales que firman el escrito, consideran « por completo irracional e ilógico« que el expresidente de la Junta Manuel Chaves (1990-2009) estuviera totalmente al margen, «sin enterarse de nada», de la creación y mantenimiento de un método de ayudas sociolaborales y a empresas que propició el reparto «indiscriminado» de casi 680 millones de euros que «nunca debieron haber salido» de las arcas públicas. Ven increíble que «un cargo de tan alta enjundia y responsabilidad como el de presidente de la Junta, ocupado durante casi 20 años, se ejerza en una especie de limbo autista en el que no se conoce nada de lo que, precisamente, exigen, imponen y comportan las funciones que le corresponde, como mínimo, respecto de los acuerdos del Consejo de Gobierno que presidió».
El mismo reproche hacen los fiscales a quien fuera su consejero de la Presidencia entre 1996 y 2009 y mano derecha, Gaspar Zarrías . La Audiencia les impuso a ambos penas de nueve años de inhabilitación por prevaricación, mientras que a Griñán le atribuyó otro delito de malversación.
Ante el recurso presentado por Griñán, que fue consejero de Hacienda entre 2004 y 2009, la Fiscalía considera igualmente «inconcebible» que el principal responsable de la gestión de la Consejería, «pudiera desconocer el sistema de concesión y reparto de las ayudas». Que éstas se repartieran «sin justificación alguna» no podía «escapar» al consejero de Hacienda y «destinatario» formal de los sucesivos informes del interventor general de la Junta —absuelto en el juicio— que alertaban de la irregularidad del sistema.
Griñán «lo conocía»
Su mantenimiento « no era posible sin el conocimiento y aquiescencia de la Consejería de Hacienda , dirigida por el acusado, que autorizó la utilización inadecuada y fraudulenta de una partida presupuestaria, con flagrante infracción de las normas presupuestarias elaboradas durante su mandato».
El intento de eximir de responsabilidad a Griñán, «descargando la culpa» en la Intervención, «no es de recibo» , porque el papel de ésta no es garantizar «el cumplimiento por el consejero de sus propias competencias», alega.
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