Así es la lista de «El Paraíso»: Todo lo que el exalcalde de Punta Umbría pagaba con dinero de los cursos

Una factura de 1.080,42 euros en botellas güisqui, ron y ginebra; facturas de cinco cajas de doce botellas de vino de Bodegas Andrade; más de cien botellas de zumo; 81 kilos en tiras de chocos; 26 de solomillo; 36 de jamón ibérico; 25 de azúcar; 60 litros de leche; 500 kilos de helados; 57 kilos de lenguados; cuatro barriles de cerveza; 68 de pez espada; 36 de pescado en adobo; centenares de kilos de sandías, melones, tomates, cebollas, berenjenas y patatas, todas las facturas de luz, agua y teléfono del salón de celebraciones e incluso facturas de 3 kilos de hojas de laurel y otros tantos de pimentón.

Desde 2009 a 2011, la empresa de hostelería El Paraíso de la Dehesa S.L., vinculada al que fuera alcalde socialista de Punta Umbría (Huelva) hasta hace dos meses, Gonzalo Rodríguez Nevado, endosaba «de forma reiterada» a las subvenciones de la Junta de Andalucía para formar a desempleados los pedidos de «cantidades desorbitadas de productos» que se utilizaban para servir en su restaurante y que no tenían relación con la actividad formativa.

«El destino de la subvención no ha sido otro que el de cubrir gastos de la entidad [cuyo objeto social era la gestión de restaurantes, bares, salas de fiestas y celebraciones de todo tipo], desviándose así de la finalidad formativa de ésta».

La Unidad Central contra Delincuencia Económica y Fiscal (Ucdef) de la Policía Nacional ha llegado a esta conclusión tras analizar la gestión de fondos públicos recibidos por esta sociedad para organizar cuatro cursos de formación de maître o maestro de sala, cocina y servicios de restaurante. Desde enero de 2009 a junio de 2012 ha concentrado ayudas por un montante de 820.322 euros de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Huelva.

El «paraíso» de la estafa

La Ucdef imputa supuestos delitos de estafa, fraude en la obtención de subvenciones, falsedad documental al exregidor socialista, que «era el administrador de la empresa en el momento de la concesión de la subvención y, por tanto, está al corriente de la situación global de la empresa y de la documentación remitida al Servicio Andaluz de Empleo».

Por el mismo motivo están siendo investigados dos de sus sobrinos, Carlos Javier y Gonzalo Domínguez Rodríguez, y su hermana, María del Carmen Rodríguez Nevado, que en noviembre de 2011 lo sustituyó como administradora única de la sociedad. La Ucdef los acusa de «utilizar el mecanismo de las ayudas públicas, subvenciones o disfrute de desgravaciones como instrumento engañoso para conseguir la defraudación», obteniendo de este modo «un beneficio ilícito».

La abundancia de viandas costeadas con fondos públicos contrasta con la escasez de materiales utilizados en los cursos, una queja recurrente entre los 37 alumnos que testificaron ante la Policía. Tras hacer un muestreo, determina que la entidad costeaba con ayudas gastos al cien por cien de su negocio. Todos los pagos de las facturas se realizan en efectivo y se justifican con la firma de un recibí.

«Una vez que la entidad deja de recibir subvenciones para la formación, hay que entender que, o bien deja de desarrollar una actividad mercantil solvente, o bien había venido sosteniéndose gracias a las referidas subvenciones», deducen los agentes por el rastreo de las operaciones comerciales realizado por la Agencia Tributaria. Entre 2009 y 2011, «prácticamente todos los ingresos de esta mercantil» proceden del Servicio Andaluz de Empleo, de otros entes públicos o de empresas ligadas a ella como Puntahostpa SL y El Paraíso de Punta Umbría SL.

El demoledor informe, al que ha tenido acceso ABC, forma parte de las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción 5 de Huelva sobre el fraude millonario en las ayudas de Formación Profesional para el Empleo repartidas por la Junta entre organismos públicos, empresas y fundaciones, irregularidades que están siendo investigadas en paralelo por otros 17 juzgados andaluces. «Esta entidad ha recibido año tras año una subvención para el desarrollo de cursos de formación» con «dos informes de fiscalización de disconformidad» emitidos en 2010 por el interventor de la Junta en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez.

La Ucdef dispara un cañonazo contra la Administración autonómica, encargada de la gestión y control de estos fondos públicos: «Ha habido una dejadez absoluta, cuando no cierto grado de permisividad consciente, cuanto menos en el control y supervisión previos a la concesión de la subvención a dicha entidad». A su juicio, pudo haber «un interés particular por parte de los encargados en resolver esas concesiones» a su favor a sabiendas de los reparos legales y del incumplimiento del requisito de contratación del 60% del alumnado de los cursos.

Uno de los cursos ni siquiera lo justificó. Hasta febrero de 2015, cuando había estallado el escándalo y tres años después de presentar documentación justificativa, la Junta no pide el reintegro total de la subvención a una sociedad que «con una mínima diligencia debida», a juicio de la Ucdef, «no debía haber recibido fondo público alguno y mucho menos volver a concederle una nueva subvención».

El informe está fechado el 15 de junio pasado, el día de la detención de Rodríguez Nevado dentro de la «operación Edu» contra el fraude de formación y 48 horas después de su toma de posesión como alcalde. Cargos del PSOE y de la Junta lo despidieron como un héroe tras dimitir el 12 de febrero.