Manuel Chaves: «Como presidente nunca aprobé una decisión ilegal»

Con un cuarto de hora de anticipo sobre la hora prevista y conducido en un coche hasta la misma puerta del juzgado de Sevilla que investiga el fraude de los cursos de formación. Así se presentó el expresidente de la Junta Manuel Chaves en el juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que lo investiga por presunta prevaricación administrativa en la pieza separada del procedimiento específico para conceder las ayudas a empresas con cargo a la partida irregular de los ERE. El exmandatario socialista ha declarado ante el juez instructor Álvaro Martín, y en presencia de los letrados de otras partes.

A su llegada le esperaba una veintena de manifestantes con pancartas que coreaban proclamas como «no hay pan para tanto chorizo», «PSOE y PP, la misma mierda es» o «Sí se puede», el lema de la formación Podemos, sin que pudiera identificarse a ningún miembro destacado de la formación morada.

Varios agentes, uniformados y de paisano, velaban por la seguridad y se han establecido vallas para hacer un pasillo al político. Chaves perdió el aforamiento el pasado julio tras dejar su escaño en el Supremo.

Como se preveía, la declaración ha sido breve. Chaves ha despachado su comparecencia ante el tribunal en menos de media hora. Y solo se ha ratificado en lo que ya dijo en el Tribunal Supremo. No ha querido añadir ni matizar nada de lo ya expuesto.

Chaves no ha respondido a la batería de preguntas formuladas por el fiscal Anticorrupción, Manuel Fernández Guerra, que versaban sobre ayudas concretas concedidas con cargo al fondo de los ERE a empresas como Bilore o A Novo Comlink o al sistema de reparto de las ayudas por parte del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Con este exhaustivo interrogatorio, que hizo protestar a su abogado, trataba de exponer su grado de conocimiento sobre el sistema de los ERE. Su comparencia ha durado apenas media hora y se ha limitado a ratificar lo manifestado en el Supremo. Tras él, ha entrado en la sala de vistas su sucesor al frente de la Junta, José Antonio Griñán, que estaba citado a las once de la mañana.

El expresidente tampoco quiso contestar a los periodistas, a los que remitió un comunicado en el que afirma que «ha ratificado integramente y me he remitido a mi declaración ante el Tribunal Supremo». En dicha declaración que se prolongó varias horas, afirmó, «contesté a todas y cada una de las preguntas que me formularon» y «nada ha cambiado mi posición». Por último reiteró que «en los Consejos de Gobierno que presidí, durante mi etapa como presidente de la Junta de Andalucía nunca se impulsó, se mantuvo o se aprobó una decisión ilegal».

La letrada de la acusación particular del PP, Lourdes Fuster, dejó constancia de otra pregunta relativa a la empresa Promi. Y le preguntó su conocimiento sobre el préstamo de 3,6 millones que autorizó el Consejo de Gobierno presidido por él el 24 de julio de 2001 a esta empresa que contrataba a discapacitados. Cinco años después, la Consejería de Empleo le concedió una ayuda con cargo al fondo de los ERE por el mismo importe, lo que permitió que se convirtiera en un préstamo a fondo perdido que no ha sido reintegrado. El PP recuerda que no se pidió ninguna garantía por parte de la Junta de Andalucía para el citado préstamo que ha ocasionado un quebranto a las arcas públicas.