Una asociación de viviendas turísticas denuncia la creación de alojamientos ilegales

El boom de los apartamentos turísticos vacacionales llevó incluso a la Junta de Andalucía en 2016 a elaborar un decreto para regular la situación de estas viviendas que constituyen una nueva modalidad de alojamiento para los millones de turistas que cada año visitan Andalucía. A este respecto, en 2013 nació la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (Apartsur), que reúne a más de trescientos propietarios, gestores y empresas del sector del turismo vacacional de la región andaluza.

Desde esta asociación velan por el cumplimiento de la legalidad de estas viviendas y aseguran que cada vez son menos, pero acaban de presentar a las correspondientes delegaciones de Turismo de la Junta de Andalucía un total de 23 denuncias de alojamientos turísticos supuestamente ilegales . Doce pertenecen a Sevilla; ocho a la ciudad de Málaga y tres a la provincia de Cádiz.

En esta misma línea, Apartsur se ha ofrecido a colaborar con el Ayuntamiento de la capital hispalense y la Asociación de Hoteleros de Sevilla (AHS) «para erradicar los alojamientos que actúan al margen de la normativa turística , mejorar la transparencia en el sector y competir en condiciones de igualdad», aunque han lamentado que desde el Consistorio sevillano se les excluya de la «mesa de ilegales».

Esta mesa fue creada, precisamente, para luchar contra los pisos turísticos ilegales y para crear un protocolo de actuación para la erradicación de los mismos, por lo que desde Apartsur no entienden que no quieran contar con su participación. «Da la impresión de que es una mesa promovida por los intereses de unos pocos, y no de todo el sector. Debería ser eso: una mesa sectorial promovida desde la administración en la que participaran todos los agentes relacionados con el turismo, y no solo dos o tres», lamentan fuentes de la asociación.

Por otro lado, ante la reciente noticia de que el ayuntamiento de Palma de Mallorca va a prohibir el alquiler vacacional, Apartsur quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a todo el sector, ya que considera que «es algo que no va a ocurrir en ningún ayuntamiento de Andalucía , ya que se trata de una medida de dudosa constitucionalidad».