Marbella descarta que el instituto que prometió Susana Díaz esté para el curso que viene

Susana Díaz anunció en abril de 2016 un instituto en San Pedro de Alcántara (Marbella) que no se podía hacer. La presidenta andaluza llegó a la ciudad y prometió un imposible al asegurar que la Consejería de Educación se encontraba «en el proceso de licitación de la redacción del proyecto para el nuevo instituto». «Se tiene que ejecutar en el curso 2016-2017», apuntó Díaz. Pero como publicó ABC, tras una denuncia de la Federación de AMPA de Marbella, la realidad es otra. El gobierno municipal aseguró el pasado martes que el centro educativo no estará para el curso que viene. Javier Porcuna (PSOE), portavoz municipal, sentenció que ya se ha hecho la aprobación inicial del proyecto de urbanización, pero que «el acuerdo definitivo podría estar para el mes de septiembre».

Sin un cambio de uso para los terrenos la Junta no puede construir este centro.

Está descartada la solución a la falta de plazas en San Pedro para este curso. El problema es que el terreno cedido a Junta de Andalucía está anulado para uso educativo desde noviembre de 2015. En aquella fecha, el Tribunal Supremo dictaminó la nulidad del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. Sentenciaba que no se podían regular por ley los frutos de la corrupción. Una de las zonas afectadas por la sentencia fue la parcela donde se debía construir el centro. Los 5.000 metros cuadrados cedidos a la Consejería de Educación habían sido regulados como zona para infraestructuras educativas en 2010, pero dejó de serlo en 2015. Pese a esto, meses después del auto del Supremo, Susana Díaz anunció que iba a construir el instituto en un lugar donde no era posible hacerlo.

La parcela es parte de una compensación que el promotor José Ávila Rojas –condenado en «Malaya»– había entregado a la ciudad, a cambio de otros terrenos en los que Ávila Rojas había construido viviendas sin que el suelo tuviera regulación para ese fin. Puesto que la zona con viviendas era irrecuperable para la edificación de centros educativos en 2010, se apostó por esta medida para tener zonas de uso público. La parcela era de 8.000 metros cuadrados y en 2010, como todos los terrenos recibidos como compensación por parte de los empresarios condenados por corrupción en la ciudad, se destinó para diferentes utilidades públicas.

En este caso, una parte se reguló para la construcción del centro de Aspandem, dedicada a la integración de personas con discapacidad, que está construido y a pleno rendimiento. La otra parte, era para el instituto de San Pedro, que no se puede construir hasta que no exista una nueva normativa de suelo que haga que la parcela esté destinada a uso educativo. Según el Ayuntamiento, el problema podría estar solucionado en septiembre. Es entonces cuando el Consistorio «pondrá la parcela a disposición de la Junta de Andalucía para poder otorgar licencia de obra de cara a acometer la construcción del instituto», según Porcuna. Edificación que se hará si está acabado el proyecto, cuya redacción está aún sin licitar, según el Consistorio y pese a la promesa de Susana Díaz en abril de 2016.