El Parlamento exige indemnizaciones para la plantilla de la Fábrica de Uranio superviviente del exterminio

Una proposición no de ley del Parlamento de Andalucía insta al consejo de gobierno de la Junta a que pida una reunión con el Ministerio de Trabajo para resarcir económicamente a los trabajadores de la Fábrica de Uranio de Andújar (FUA), afectados por la manipulación de este metal radiactivo sin emplear las medidas de seguridad pertinentes. El carácter público de la empresa justifica la propuesta de reunión y el efecto devastador del uranio en la salud de los obreros fundamenta la exigencia de indemnizaciones.

Informes médicos de la administración pública relacionaron a la Fábrica de Uranio de Andújar con el catálogo de patologías extremadamente graves que sufrió gran parte de la plantilla de esta empresa que operó desde 1951 hasta 1981. Los galenos firmantes vincularon la actividad fabril con el exterminio de los empleados porque se realizó con exiguas medidas de seguridad. De resultas de ese modo de proceder, concluyeron que decenas de trabajadores falleció o enfermó prematuramente.

El cáncer y otras enfermedades de su nivel afectaron también a familiares directos de los trabajadores. Los supervivientes, asociados en una plataforma presentaron demandas colectivas contra la administración central, si bien, por lo general, la justicia no les ha apoyado. En la mayoría de los casos los tribunales no accedieron la catalogación de enfermedad profesional solicitada por empleados que lavaban en sus propios domicilios la ropa de faena y utilizaban los bidones de uranio como mesa a la hora de la comida.

Ahora, a instancia de Adelante Andalucía, el Parlamento de Andalucía ha mostrado su apoyo a las «justas reivindicaciones» de los extrabajadores de la FUA, en relación al reconocimiento de los «padecimientos sufridos» en su vida laboral por la actividad desarrollada en esta fábrica, y los derechos y el resarcimiento que se deben derivar de la misma.

La cámara ha instado al consejo de gobierno a que tenga en cuenta el protocolo general de actuaciones, firmado el 27 de febrero de 2006, entre el Ministerio de Trabajo y la Consejería de Salud, en relación a los extrabajadores de la FUA, así como las consideraciones y conclusiones del grupo de trabajo encargado en su momento por la Junta, que relacionó la actividad desarrollada en la fábrica con el cuadro clínico de la plantilla.

A instancia del Parlamento, el consejo debe gestionar de manera urgente una reunión entre la Consejería, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la asociación de extrabajadores de la antigua FUA, para acordar los criterios y la forma de indemnizar a quienes prestaron sus servicios en la empresa, y a las viudas y familiares de los que ya han fallecido, por los perjuicios derivados del desempeño de su actividad laboral.