Caja Rural de Granada defiende la gestión de sus directivos imputados por Alaya

De «lícita y transparente» ha calificado la entidad Caja Rural de Granada su intervención en la operación relacionada con la amortización del préstamo a la empresa Dhul por la cual tres directivos de esta institución bancaria han sido imputados por la titular del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, Mercedes Alaya.

De esta forma, Caja Rural responde al revuelo causado tras conocerse la decisión judicial que afecta a la cabeza de la entidad, ya que su director general desde 2007, Dimas Rodríguez, es uno de los imputados, junto a  Rafaela Ruiz, directora de Inversiones y a José Miguel Martos Alcalde, director de la oficina principal de la entidad.

Todos ellos ocupaban estos cargos cuando se produjo la gestión bancaria investigada por la juez Alaya y que, según defiende la Caja en un comunicado, fue «en todo momento, lícita y transparente».

Además, desde la entidad se explica que la de la empresa, también granadina, Dhul «se trató de una operación de financiación» con la que «se anticipó una subvención concedida a un cliente». Es decir, se adelantó la cantidad autorizada por la Junta de Andalucía, que «luego fue cobrada y cancelado el préstamo» con la empresa de productos alimentarios.

Según Caja Rural de Granada,  ésta es «una práctica habitual de todas las entidades financieras» refiriéndose al «adelanto de un porcentaje de todo tipo de subvenciones otorgadas por los organismos públicos». Eso sí, advierten desde la entidad que es requisito necesario para la concesión del dinero que «la subvención este aprobada previamente por los organismos oficiales». Finalmente, se insiste en el comunicado que no se tienen dudas «sobre la buena fe y correcta actuación de sus empleados» en este caso investigado por el referido juzgado sevillano.

Negociación investigada

Pero esta operación bancaria relacionada con la empresa Dhul – del que uno de sus directivos está imputado también- no es la única que la juez Alaya investiga en la provincia granadina ya que en el mismo auto referente a la operación de la Caja Rural, ha imputado a los que «serían partícipes en las negociaciones» del conflicto sobre el convenio colectivo de la limpieza de Granada en abril de 2006. Según informa ABC, stas personas son Agustín García Gila, presidente de FCC Medio Ambiente y Salvador Tudela, director de recursos humanos de Cespa, ambas empresas vinculadas a los servicios de recogida de basura y limpieza de la provincia.

Respecto a este último caso, la secretaria general del PSOE en Granada, Teresa Jiménez, se ha pronunciado con motivo de que en el momento de la resolución del conflicto laboral investigado ahora por la jueza sevillana, Jiménez era delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada.

«Se negoció con las empresas en Sevilla y en esa negociación no participó ningún granadino, yo tampoco» ha dicho la responsable socialista granadina sobre estos hechos. «No es un delito hacerse una foto», ha remachado en referencia a la instantánea que inmortalizó el acuerdo que puso fin a la huelga y en la que Jiménez apareció en calidad de representante del Gobierno andaluz.