Rafael Salazar, un «Spiriman» de las parcelas

Se pasea por la parcelación en un Mercedes viejo y los vecinos le saludan. «Me están haciendo una entrevista», les dice. «Eres el número uno», contesta uno de ellos, levantando el pulgar. Lleva seis años viviendo en la urbanización Barquera Norte del Higuerón. Explica que es una de las pocas parcelaciones de la zona que no han sido dotadas de servicios básicos pese a estar en un terreno urbanizable. «Urbanizable», repite. Hace de anfitrión en una ruta por su barriada. A uno y otro lado van quedando casas y solares vacíos. La primera parada es «la fuente», la única con agua potable y a la que cada día tienen que desplazarse los vecinos para poder beber y cocinar. Allí, una vecina se afana en rellenar tres garrafas.

A solicitud del fotógrafo, el líder de los parcelistas le pide una para retratarse haciendo lo propio.

El rostro de Rafael Salazar se ha hecho popular en los últimos meses como portavoz de los parcelistas, en calidad de presidente de la Federación Córdoba Extrarradio. Han parado plenos, cortado carreteras y protagonizado escenas de tensión con la Policía. Habrá que acostumbrarse, porque sus protestas, dice, no sólo no van a parar sino que se van a recrudecer. Ahora preparan una marcha a pie hasta Sevilla para pedir en el Parlamento Andaluz una solución efectiva para las parcelaciones de Córdoba que la reforma de la Ley de Ordenación Urbanística (LOUA) ha pasado por alto. Dice que no parará hasta que le hagan caso, con una contundencia similar a la que «Spiriman» usa para dirigirse a la Junta. Pero por distintos menesteres. También con distinto respaldo popular.

Tiene carácter y las tablas de quien ha ensayado muchas veces su discurso. Algo tendrá que ver el hecho de que el activismo militante no sea una novedad en su vida: antes de meterse de lleno en el «movimiento parcelista» hizo músculo en el sindical, desde la ejecutiva provincial de CC.OO., y en el partido contra el que ahora carga en cada crítica hacia el cogobierno: IU. «Compartí mesa y mantel con Rosa Aguilar», bromea. Abandonó el consejo local de IU en 2007 por «discrepancias» que no quiere entrar a relatar. Su principal rival político hoy por hoy es, sin embargo, el PSOE. La alcaldesa, Isabel Ambrosio, está en la diana de sus quejas por dos motivos. Primero, por no ejercer de interlocutora con quien realmente tiene competencias en la materia, que es la Junta. En segundo lugar, por no «pedir informes técnicos» que permitan dotar a sus viviendas de servicios por cuestiones de «salud pública».

La ruta por Barquera Norte prosigue hacia una zona de pozos contaminados, donde improvisadas tuberías de plástico conducen las aguas fecales hacia una desembocadura desconocida que se pierde en el horizonte y el cadáver de una rata adorna el camino terrizo. «Me vine a vivir aquí como alternativa al ‘boom’ inmobiliario, porque no podía hacer frente a los precios de la ciudad», explica Salazar, que asegura que su situación es extrapolable a la de muchas otras familias. Adquirió un terreno a un coste asumible y optó por la autoconstrucción. La licencia para levantar una vivienda, dice, es una maraña burocrática que muchas veces acaba sin concesión. En el mejor de los casos, afrontar su pago cuesta «lo mismo que la multa» por construir sin permiso. Una práctica que, en cualquier caso, podría evitarse si las Administraciones tuvieran interés, porque las 35.000 viviendas que existen en la periferia no se construyeron de un día para otro. «Nadie ha paralizado las obras», sostiene.

Un simple paseo por la barriada sirve para demostrar que mucha de su gente le respeta y apoya, aunque es consciente de que no es un personaje muy popular. «Sé que despierto algo de antipatía», admite. No parece importarle. Lo asume como consecuencia de ser la cara visible de cualquier lucha, sobre todo si se trata de una lucha así. «Lo que defendemos es una medida impopular. La gente piensa que queremos aprovecharnos, y sólo buscamos que las Administraciones nos den los mismos derechos que al resto. No queremos que nos pongan nada gratis. Pagamos nuestros impuestos y pagaremos la urbanización de las parcelas», concluye.