La Guardia Civil sostiene que la Junta financió de manera irregular a Martínez Barragán

La Junta entregó dos millones al grupo alimentario Martínez Barragán procedente de la partida 31L, el llamado fondo de reptiles. Esa es la conclusión de la investigación realizada por la Guardia Civil e integrada en la macroinvestigación del llamado «caso ERE» y que dirige el juzgado de instrucción número seis de Sevilla. La ayuda fue pedida por la propiedad de la empresa cárnica y concedida por la agencia Idea en 2007. El informe policial, que consta en el sumario, asegura que de las actuaciones se pueden derivar presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Los agentes han constatado que el propietario de la empresa trasladó a responsables públicos que se enfrentaba a una situación compleja tras la realización de una serie de inversiones.

La salida fue acudir al entonces director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que fue quien realizó las gestiones para conseguir la financiación. La única solicitud que consta es una carta dirigida al entonces consejero en la materia, Antonio Fernández, quien se encuentra encartado en esta causa.

El dinero se reflejó en un convenio firmado el 23 de noviembre de 2007. Dos empresas del grupo recibieron sendas entregas hasta sumar los dos millones citados en dinero que ahora los agentes están rastreando con las dificultades que implica que esas sociedades mercantiles se encuentren liquidadas y sin actividad.

El informe de la Guardia Civil asegura que la ayuda nunca se sujetó a los términos de la ley general de la hacienda pública ni de los reglamentos normativos sobre la materia. Los agentes aseguran a la juez que todo se hizo sin tramitación alguna, con un método «genérico e impreciso» y sin valorar la utilidad pública de los recursos públicos invertidos.