TRIBUNALES
Crimen de La Chica Carlota| El jurado declara al falso cura culpable de asesinato y de estafa al abogado
El veredicto también considera probado que el principal encausado cometió dos delitos de estafa y uno de robo con violencia; las partes descartan finalmente pedir la prisión permanente revisable
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Pedro G. principal acusado del crimen de la Chica Carlota , ha sido declarado culpable del asesinato de Juan Carlos B., un hombre diagnosticado como enfermo mental al que, según el jurado de la vista, quitó la vida entre el 3 y el 5 de septiembre de 2017 , y enterró su cadáver en el patio de su casa. Además, el veredicto también ha considerado al inculpado autor de dos delitos de estafa (uno continuado) y otro de robo con violencia .
En cuanto al otro procesado, Joaquín R ., el abogado que, presuntamente, contribuyó a la consecución del crimen, solo se ha declarado autor de un delito de estafa . El jurado ha estimado que no hay pruebas ni documentos que acrediten ningún tipo de acuerdo o connivencia entre este encausado y el autor material de los hechos para acabar con la vida de la victima.
Además, ninguna de las partes ha solicitado finalmente la prisión permanente revisable para los procesados (que se solicitó al inicio de la vista), al estimar que la víctima no está catalogada como especialmente vulnerable.
De este modo, el jurado ha considerado probado por unanimidad que la víctima, que padecía esquizofrenia paranoide y tenía reconocida la situación de incapacidad permanente, contrató a Joaquín R., abogado ejerciente, para interponer una demanda por haber sido objeto de abusos sexuales durante su infancia.
El letrado, acusado en este procedimiento, aceptó el encargo «con la intención de beneficiarse» a costa de la víctima. Para sostener el engaño, puso en contacto a Juan Carlos B. con el otro inculpado, Pedro G., para que se hiciera pasar por pretendido investigador de los hechos.
La trama de la estafa
«Sumido en el engaño que provocó la trama ideada por Joaquín R.,la victima hizo varias transferencias entre el 1 de marzo y el 12 de junio de 2017 por importe global de 9.680 euros a una cuenta del letrado», señala el objeto del veredicto.
Entretanto, el autor materia de los hechos, que, además de hacerse pasar por investigador también adoptó el papel de sacerdote del arzobispado de Madrid, «mantuvo contacto telefónico en reiteradas ocasiones con la víctima y se presentó en su domicilio» sosteniendo el engaño a fin de que este pagara honorarios por un trabajo inexistente.
Además, para apoderarse de cuantos objetos de valor encontrara en casa de la víctima, Pedro G. «decidió acabar con su vida, lo que llevó acabo entre los días 3 y 5 de septiembre de 2017 [...] y enterró el cadáver en el patio del domicilio de Juan Carlos B.».
El autor material de los hechos se apoderó, entre otros objetos, de documentación bancaria, tarjetas de crédito, dos móviles, cinco memorias USB y hasta el pasaporte de la víctima.
De este modo, realizó diversas operaciones de reintegro que ascienden a más de 7.000 euros y «nutrió a costa de Juan Carlos B. con 30.000 euros la cuent corriente a la que estaba asociada la tarjeta de crédito mediante la aceptación de un préstamo preconcedido», estima probado el veredicto.
Los miembros del jurado se han mostrado contrarios, en su caso, a la concesión del indulto o aplicacion del beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena.
Solicitud de penas
Tras la lectura del veredicto, la Fiscalía ha solicitado para el principal encausado la pena de 25 años de cárcel por el delito de asesinato; otros cinco años por el robo con violencia e intimidación; cinco años y seis meses por los dos delitos de estafa. Para el otro acusados, Joaquín R., ha pedido 3 años de prisión por el delito de estafa.
Las acusaciones particulares han demandado para Pedro G. 25 años de internamiento por el asesinato; 5 años por el delito de robo, y cinco años y seis meses por las dos estafas, además de multa e indemnizaciones de 12.900 a 20.000 euros para los hermanos de las víctima.
Tanto el Ministerio Público como la acusación particular han solicitado la prórroga de la prisión provisional para el principal acusado.
Las defensa de Joaquín R. ha pedido para su representado 6 meses de cárcel, mientras que el letrado del autor material del crimen ha solicitado al tribunal que le imponga 15 años por el asesinato ; 3 años y 6 meses por el robo; 1 año por los dos delitos de estafa, y 6 meses de multa a 3 euros diarios por uno de ellos.
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