Miembros de Stop Desahucios en una protesta en Córdoba
Miembros de Stop Desahucios en una protesta en Córdoba - VALERIO MERINO
VIVIENDA

Los colectivos sociales decidirán a quién otorgar ayudas al alquiler de Vimcorsa

El nuevo sistema de funcionamiento da la mayoría absoluta de decisión a personas ajenas al Ayuntamiento

CÓRDOBA Actualizado: Guardar
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Colectivos sociales «que trabajan en el ámbito del derecho a la vivienda y la emergencia social» decidirán sobre la concesión de ayudas al alquiler establecido por Vimcorsa, según el nuevo sistema de funcionamiento presentado por su presidenta, Alba Doblas (IU). Las bases implican la creación de un órgano llamado Comisión de Valoración y Control Social que será quien decida directamente quién recibe ayuda, quién no y cuánto.

Estará formado, además, por una técnica de Vimcorsa, otra de la Oficina Municipal de la Vivienda, un miembro del consejo de administración «de la parte social» (es decir, ajeno a los partidos políticos) y dos personas ligadas a estos colectivos especializados en el trabajo con personas en riesgo de desalojo.

La disposición ha generado cierta sorpresa por cuanto no es habitual que personal ajeno al Ayuntamiento o a sus entes instrumentales pueda decidir dónde va un dinero que, por definición, es público.

En este caso, además, en un foro donde las personas no ligadas a la institución tendrán la mayoría absoluta de los votos. Tanto es así que tanto la presidenta o el gerente de Vimcorsa podrán asistir a las reuniones con voz pero sin voto.

La comisión será un organismo estable que tendrá poderes plenos para establecer a quién se le dan las ayudas y cuál es la cuantía. Los máximos responsables de Vimcorsa explicaron que el grupo de trabajo podrá llegar al cien por cien de lo solicitado si se estima que la situación lo merece.

Vimcorsa pondrá en marcha un paquete de ayudas por valor de 1,7 millones con fondos de este año y remanentes (dinero no gastado). Cien mil euros irán a incentivar que viviendas vacías se pongan en alquiler. La mayor partida serán para las ayudas tradicionales a la renta a las que, en este caso, se ha dotado de un carácter específico: tendrán prioridad plena las familias que estén siendo asesoradas por la Oficina Municipal de la Vivienda por encontrarse en una situación de riesgo de desalojo.

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