La alcaldesa niega un «efecto llamada» tras los casos de ocupación

La alcaldesa, Isabel Ambrosio (PSOE), negó ayer con rotundidad que haya «un efecto llamada» en torno a los episodios de ocupación vividos en la ciudad, que han tenido como punto álgido el intento de asalto de ocho VPO de la constructora Vimpyca el pasado martes (día 19) en Parque Azahara. Junto a ella compareció el subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, quien no se sumó a las tesis de su formación (PP) de que tras estas prácticas ilegales hay «grupos organizados con prácticas mafiosas».

«No hay efecto llamada, como algunos medios y algunas declaraciones irresponsables» han planteado, sostuvo la alcaldesa. Aludía a artículos de opinión en los que se indicaba que políticas del cogobierno PSOE-IU, como la promesa de no desalojar a nadie por impago de alquileres públicos o el hecho de pagar el asesoramiento legal de casos de usurpación en la Oficina de la Vivienda, habían creado un efecto llamada para este tipo de episodios.

Igualmente, el portavoz municipal del PP, José María Bellido, indicó la pasada semana que se necesita cambiar el discurso político en torno a este fenómeno

Sin conexión entre los casos

La alcaldesa alegó que, según las investigaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado, no hay ningún nexo entre los casos de ocupación conocidos hasta ahora. Indicó que en Encinarejo, en contra de la versión de su regidor, hay dos viviendas de bancos ocupadas desde «hace algún tiempo con familias que no tienen un carácter violento y sin conductas delictivas en su día a día». En cuanto a Encinares de Alcolea, sostuvo que son situaciones de acceso ilegal a casas, también propiedad de una entidad financiera, «puntuales e intermitentes».

Frente a eso contrapuso la «situación distinta» de lo sucedido en la urbanización Azucena de Parque Azahara, una práctica contra la que se mostró contundente. Sostuvo que habrá una «colaboración» de los agentes locales, dentro de sus competencias», con la Policía Nacional. Y lanzó un mensaje de «tranquilidad» a la sociedad cordobesa, para advertir de que «las Administraciones no consentiremos este tipo de situaciones». Además, ofreció la «experiencia» del Consistorio en «convenios de colaboración» a quienes, como Vimpyca, posean pisos vacíos para llegar a acuerdos y que puedan acoger a «demandantes de vivienda que tenemos en el censo municipal».

Primo Jurado luego fue interrogado abiertamente por la posición del PP de que, tras estos asaltos a casas, hay «grupos organizados con prácticas mafiosas» y por la denuncia de Stop Desahucios de que los tres casos ya citados implicaban prácticas «más relacionadas con la mafia». Sostuvo que «no hay que recurrir a hablar de mafias organizadas, sino de delincuencia».