Reanudado el proceso contra el Vallejo Balda por filtración de documentos del Vaticano

Al cabo de tres meses de pausa técnica, el Tribunal del Vaticano ha reanudado, con audiencias este lunes y martes, el proceso contra monseñor Lucio Ángel Vallejo Balda, su secretario, la publicista Francesca Chaouqui y dos periodistas italianos, por robo de documentos de las auditorías realizadas en el 2014 en el Vaticano.

La mayoría de los casos de corrupción interna, en la etapa final de Benedicto XVI, habían sido ampliamente divulgados en la prensa italiana a lo largo de los últimos cinco años, pero el llamado caso «Vatileaks 2» es el culebrón perfecto: corrupción económica, traición de un monseñor del Vaticano, intrigas de una mujer joven, relación sexual todavía no se sabe si verdadera o falsa, etc.

Las audiencias del proceso penal se habían suspendido a mediados de diciembre a fin de dar más tiempo a los cinco acusados para preparar su defensa, mientras los técnicos extraían de los respectivos teléfonos móviles y ordenadores del sacerdote español y la relaciones públicas italiana los mensajes intercambiados entre los dos principales acusados del robo del documentos del Vaticano.

De esos mensajes, los ya filtrados a finales del año pasado a la prensa italiana revelan una relación extraña, que va pasando de la amistad a la corrupción mediante lujos poco indicados en un sacerdote, así como a los intentos de chantaje psicológico y a proposiciones sexuales muy explicitas respecto a una prima de la acusada.

El principal acusado, Lucio Ángel Vallejo Balda, acude de nuevo a la sala algo más pálido y más delgado que en diciembre, y desde la celda de la Gendarmería Vaticana, donde fue recluido de nuevo la semana pasada por haber violado las reglas del arresto domiciliario que le permitía vivir en una residencia del Vaticano, donde recibía visitas de familiares, consejeros espirituales, representantes diplomáticos y su abogada defensora, así como dar paseos por los Jardines Vaticanos acompañado de los Gendarmes.

Las reglas del arresto domiciliario, concedido por el juez el pasado 22 de diciembre, prohibían explícitamente, en cambio, las comunicaciones directas con el exterior, para impedir la eliminación o contaminación de las pruebas, o el intento de crear pruebas falsas para confundir al Tribunal.

Uso del teléfono móvil

Según un diario italiano, la Gendarmería Vaticana se dio cuenta de que Vallejo Balda estaba utilizando secretamente en su habitación un teléfono móvil para hacer llamadas de voz y enviar mensajes, directamente o a través de la wi-fi del edificio, pero le dejó actuar un cierto tiempo para obtener nuevos datos investigativos, que pueden ser útiles al fiscal y al Tribunal del Vaticano.

En medios vaticanos sorprende la capacidad del sacerdote español, arrestado el pasado uno de noviembre, para emprender conductas poco razonables, desde la contratación de Francesca Chaouqui o la filtración de documentos, hasta el intentar escoger abogados defensores que no estaban habilitados en el Vaticano en lugar de los que lo están, obligando al Tribunal a proporcionarle una abogada de oficio, Emanuela Bellardini.

A su vez, la empresaria de relaciones públicas Francesca Chaouqui ha aprovechado toda ocasión para hacerse publicidad en centenares de entrevistas, y continúa presentándose en su página de Facebook como un nuevo mártir de la intolerancia de la Iglesia, y espectacularizando en lo posible el juicio pidiendo que comparezcan para ser interrogados por la defensa personajes muy importantes como el secretario de Estado del Vaticano.

Su abogada es también experta también en dar la máxima publicidad de procesos. La semana pasada pidieron que el Papa le levante el secreto pontificio sobre su trabajo para poder defenderse, lo cual no es en absoluto necesario pero atrae mucho la atención de los medios.

Como Francesca Chaouqui está en el séptimo mes de embarazo –de un niño al que llamará Pedro-, el Vaticano coloca siempre una ambulancia a dos pasos del Tribunal por si necesitase algún tipo de atención.

A su vez, los dos periodistas italianos -que publicaron en sendos libros los documentos de las auditorias económicas que les entregó Vallejo Balda-, no están acusados de hacerlos públicos en Italia –un derecho protegido por la ley italiana- sino de haberlos robado en territorio del Vaticano, pues los sacaron informáticamente de ordenadores de la comisión investigadora de los organismos económicos y administrativos (COSEA) mediante docenas de claves que les proporcionó Vallejo Balda.

A su vez, Francesca Chaouqui y su marido, técnico informático, figuran como acusados en otro proceso italiano independiente, por presunta intrusión informática e intento de chantaje a entidades eclesiásticas en Italia.