El PSOE lanza un proposición de ley para facilitar el matrimonio de personas con discapacidad

Si nada lo remedia, a partir del próximo 30 de junio cualquier discapacitado sensorial -ciegos o sordos por ejemplo- tendrá que someter su capacidad para contraer matrimonio al criterio de un médico.

El expediente sanitario previo se hace necesario para este tipo de discapacitados con la reforma del artículo 56 del Código Civil introducida en abril de 2015 por el Partido Popular, y se acumula al informe notarial sobre su aptitud para prestar consentimiento que deben presentar antes de contraer matrimonio. En la redacción aún vigente, el Código Civil establece estas exigencias pero solo en caso de deficiencias o anomalías psíquicas.

Justicia ha avanzado su intención de retocar esta exigencia a través de una circular que enviará a las administarciones correspondientes pero el PSOE exige la retirada de este cambio legal que considera una «negligencia lesiva para personas con dicapacidades y, además, humillante», según el portavoz de Políticas de Discapacidad del PSOE, Joan Ruiz.

«Preferimos pensar así y no en que ha sido un intento de recortar sus derechos», subrayó esta mañana tras registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley que pretende echar abajo cualquier artículo legal que limite el derecho a contraer matrimonio de este colectivo. Junto al nuevo artículo 56 del Código Civil, el artículo 58 de la Ley de Registro Civil.

«Es una proposición de ley sencilla que tan solo dice que hay que derogar aquellos artículos de la legislación vigente que nos dicen que tienen que tener esa dispensa médica. En 2012 ya se tenía que haber hecho. En 2011 ya se estableció una disposición adicional en una ley precisamente que preveía eso», critica Ruiz.

Los socialistas se apoyan en el artículo 23.1 de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad ratificado por España en 2008, los Estados deben reconocer «el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del consentimiento libre y pleno».

Por ello, exigen al Gobierno la eliminación de esta exigencia en el caso de discapacitados sensoriales y la redacción de un nuevo proyecto de ley en un plazo de tres meses para regular el derecho del matrimonio en las personas con discapacidad.

Un texto que reclaman que sea consensuado con todos los grupos parlamentarios y con las asociaciones de discapacitados. «Estas personas afectadas por discapacidad de todo tipo no tienen por qué ser humilladas», remachó el político socialista.