C’s se une a Podemos y PSOE para fiscalizar a la Iglesia Católica

Ciudadanos ha unido sus votos a los del PSOE y Podemos para forzar al Tribunal de Cuentas (TCu) a que fiscalice los ingresos de la Iglesia Católica. El acuerdo se votó ayer en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Solo el PP se opuso, respetando así el criterio fijado por el Consejo del propio TCu, que hace un mes dio por resuelto el asunto: siete de los trece consejeros votaron en contra de fiscalizar a la Iglesia, por entender que sus ingresos no son estrictamente públicos, ya que proceden de las aportaciones personales que los contribuyentes deciden en las casillas de sus declaraciones de la Renta.

La izquierda optó entonces por contrarrestar la decisión del Tribunal de Cuentas e intentar tumbarla haciendo uso de la Comisión Mixta parlamentaria.

Ayer, el intento prosperó en la Mesa de dicha comisión, gracias a los votos del PSOE, de Podemos y de Ciudadanos. El PP se quedó en solitaria minoría en su posición de respetar la independencia de lo acordado por el TCu, que tiene la consideración de órgano de relevancia constitucional.

Lo que ayer se decidió fue incluir este asunto en el orden del día de los que se someterán a debate y votación el próximo jueves 9 de febrero en esta Comisión Mixta Congreso-Senado. Tras lo ocurrido ayer -con la postura expresada por Podemos, PSOE y C’s-, se da por hecho que en esa votación de dentro de una semana se formalizará el acuerdo para forzar al Tribunal de Cuentas a fiscalizar a la Iglesia Católica.

Fuentes del PP han calificado esta maniobra parlamentaria de «hecho sin precedentes», al «dinamitar el principio de independencia del Tribunal de Cuentas y no respetar el criterio marcado por este órgano de relevancia constitucional». El plan de trabajo que el TCu aprobó para este año no incluyó la fiscalización de la Iglesia. Aunque podría haber margen legal para que la decisión de la Comisión Mixta Congreso-Senado no fuera vinculante para el Tribunal de Cuentas, fuentes consultadas han reconocido que es «muy improbable» que este órgano se atreva a no secundar lo solicitado desde la comisión parlamentaria.

Asimismo, las mismas fuentes consideran que el trasfondo es una estrategia para poner en cuestión el actual marco jurídico y económico de relaciones Iglesia-Estado que protege el Concordato y los acuerdos internacionales entre España y la Santa Sede. Apuntan a que el objetivo último no solo es fiscalizar los ingresos que la Iglesia obtiene con la casilla de la Declaración de la Renta, sino que se computen también como ingresos las exenciones y bonificaciones tributarias de las que se beneficia la Iglesia Católica en reconocimiento a la labor benéfica, asistencial, cultural y educativa que lleva a cabo, además de la religiosa.