Luis M. Linde

Coste y beneficio del rescate bancario

«Convendría preguntarse qué habría ocurrido si los gobiernos del PSOE y del PP hubieran permitido que cientos de miles de clientes hubieran perdido sus depósitos»

Luis M. Linde
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Desde 2013, el Banco de España ha venido publicando anualmente una nota sobre el coste del saneamiento y recapitalización de nuestro sistema bancario, un proceso que se inició en 2009. Estos datos también se han recogido en el Informe sobre la Crisis Financiera y Bancaria, 2008-2014, que publicó el Banco de España el pasado mes de junio. El Banco de España ha entendido que podía contribuir así a mejorar la transparencia e información en este terreno, que no siempre es sencillo de entender.

Hoy, ese coste puede situarse en 41.000 millones de euros de recursos públicos y en 21.600 millones de recursos privados. Estas cifras no recogen, desde luego, las ampliaciones de capital o las provisiones hechas por los bancos privados que no han requerido de ayudas públicas.

El interés de la opinión pública y de los representantes políticos se ha centrado, casi siempre, en la discusión del coste total del "rescate" y en la estimación de la posible recuperación por el Estado de los fondos públicos dedicados al mismo. Por supuesto, ésta es una preocupación legítima y perfectamente comprensible. Pero junto a ella aparecen, a veces, "denuncias" demagógicas y comentarios en los que se aprecia una clara falta de comprensión de las condiciones en las que una entidad de crédito puede funcionar o tiene que desaparecer.

Algunas "denuncias" "acusan" –o insinúan la acusación– de que las operaciones de saneamiento y recapitalización de una parte de nuestro sector de entidades de crédito han "salvado" a directivos, accionistas y consejos de administración, con desprecio hacia los intereses generales y premiando, incluso, en ocasiones, gestiones delictivas o ruinosas. Cualquiera que tenga información correcta sobre lo ocurrido desde 2009 –y gran parte de esta información es pública desde hace bastante tiempo y es fácilmente accesible– sabe que el dinero público empleado en este "rescate" no ha servido para nada de esto.

La forma como se ha enfrentado nuestra crisis no ha sido diferente de cómo otros países de la Unión Europea se han encontrado con problemas similares. Los fondos públicos dedicados a recapitalizar y sanear las entidades en crisis (básicamente, cajas de ahorro, que no eran, precisamente, entidades privadas), han servido para alcanzar dos objetivos fundamentales: salvar los depósitos de la clientela, es decir, salvar los ahorros de cientos de miles de ciudadanos, de modo que ningún depositante sufriese pérdidas, lo que se ha conseguido en todos los casos, sin excepción; y, en segundo lugar, asegurar que las entidades no quebraran, no fueran liquidadas y pudieran seguir funcionando, condición necesaria para que sus clientes no perdieran sus depósitos, y, además, para que pudieran seguir dando créditos y asegurando el sistema de pagos.

Como el ministro de Economía ha dicho recientemente, y yo comparto su afirmación, el coste en términos de actividad y de empleo, incluso en términos de recursos públicos, habría sido incomparablemente mayor en caso de que los gobiernos españoles hubieran optado por dejar quebrar a las entidades, pues eso habría llevado a una crisis económica de proporciones mucho mayores que la que sufrimos y, muy probablemente, a la salida de España de la Unión Monetaria y del euro.

En cuanto a la recuperación por el Estado de los fondos públicos aplicados al saneamiento y recapitalización de nuestro sistema bancario, el Banco de España ha recogido en sus notas anuales el valor ya recuperado y la estimación de posibles recuperaciones futuras a partir del valor aceptado en las cuentas del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) para sus activos bancarios que podrán ser vendidos (Bankia y BMN hasta ahora, y Bankia cuando culmine su fusión).

De estas estimaciones se deduce que, probablemente, una parte del coste en recursos públicos no podrá ser recuperada. Pero antes de lanzar acusaciones engañosas, o antes de proclamar que los fondos públicos dedicados al saneamiento bancario se podrían haber dedicado a construir hospitales, a financiar programas sociales, etc., convendría preguntarse qué habría ocurrido en caso de que los gobiernos del PSOE y del PP que han tenido que tomar decisiones sobre este problema hubieran permitido que cientos de miles de clientes hubieran perdido sus depósitos, aceptando, con ello, que el sistema financiero español sufriera lo que hubiera sido un verdadero colapso, con consecuencias impredecibles pero, con toda seguridad, devastadoras, sobre la actividad económica y el empleo.

En suma, no cabe duda de que en nuestro caso, como en el caso de otros países con problemas similares que adoptaron soluciones análogas, el coste-beneficio de las decisiones adoptadas, recapitalizando y saneando con fondos públicos una parte no menor de nuestro sector de entidades de crédito, ha sido enormemente positivo. Lo que se ha hecho en España ha recibido la aprobación y ha sido juzgado favorablemente por todas las instituciones económicas internacionales y de la UE y por muy diversos analistas privados que han analizado nuestros problemas y las políticas adoptadas.

Diez años después del estallido de la crisis internacional y cinco años después de los acuerdos con la Unión Europea que nos permitieron, en un momento de gran dificultad para nuestras finanzas públicas, obtener financiación para reestructurar nuestras cajas de ahorro y algunos bancos ligados a ellas, cuando llevamos más de tres años de un fuerte crecimiento apoyado, en parte, en haber dado una solución correcta a los problemas de nuestro sector de entidades de crédito, los ciudadanos no deben dejarse confundir por críticas elementales y demagógicas que parecen olvidar o ignorar la realidad.

Se han podido cometer errores, pero en conjunto, las autoridades españolas han actuado con éxito, siguiendo pautas comunes a toda la Unión Europea antes de las modificaciones en la legislación de la UE aprobadas en los últimos años. El importe de fondos públicos que no se pueda recuperar, que todos deseamos, naturalmente, que sea el menor posible, habrá sido una "inversión" para evitar un colapso en nuestro sistema financiero, asegurar el mantenimiento en actividad de las entidades y que éstas pudieran seguir dando créditos y haciendo frente a sus obligaciones con los acreedores, incluidos, naturalmente, los depositantes.

La economía y la sociedad españolas han salido ganando, sin la menor duda, de esta elección.

LUIS M. LINDE