La Comunidad pagará 44 millones a una inmobiliaria por una recalificación alterada en Las Rozas

La gran operación inmobiliaria que el Gobierno regional de Alberto Ruiz Gallardón firmó en 1997 con la construcción de 2.290 viviendas de precio libre en el parque empresarial de Las Rozas ha dejado un agujero imprevisto de 44 millones de euros que, en forma de indemnización, debe afrontar ahora el Ejecutivo de Cristina Cifuentes. El Consejo de Gobierno autorizó el martes un gasto por importe de 16 millones de euros para compensar a la inmobiliaria Gregorio Riaza S.L., propietaria de unos terrenos en el municipio que fueron expropiados forzosamente en 1988 para destinarlos, inicialmente, a uso industrial. El plan general del sector V del parque empresarial de Las Rozas fue aprobado por el Ejecutivo socialista de Joaquín Leguina, aunque la burbuja inmobiliaria de los noventa hizo que, en 1997, el PP modificara el planeamiento original y recalificara los suelos.

Se sacó buena parte de ellos a subasta para edificar luego viviendas, principalmente de lujo. La prensa de entonces habla de aquello como el primer gran negocio inmobiliario de la era Gallardón.

Una sentencia firme del Tribunal Supremo dictada el pasado 5 de mayo de 2015 obliga a la Comunidad de Madrid a abonar 44.660.179 euros al recurrente, la mercantil Gregorio Riaza. La Justicia le da la razón al considerar que la modificación puntual del Sector V del parque empresarial de Las Rozas revalorizó por mucho el «aprovechamiento superior» de sus antiguos terrenos, por lo que la cantidad prevista por la expropiación forzosa era insuficiente. En concreto, a la inmobiliaria se le reconoce el «derecho de reversión», es decir, restaurarle su propiedad, toda vez que «ha existido un incumplimiento del uso específico asignado» en el plan general inicial. Dado que la «actuación urbanizadora» realizada en aquellos años sobre las fincas «hace imposible la reversión de los terrenos», la ley fija una indemnización. Desde hace años, las partes –el Gobierno regional y la sociedad pública Arpegio, que gestiona el suelo de la Comunidad– litigan sobre la cuantía de la compensación, que la Administración fijaba en 4,5 millones. La Justicia, en cambio, aprueba la cantidad demandada por la inmobiliaria (que ostentaba el 16,10% del terreno en cuestión) y sentencia que se les debe 44,6 millones de euros.

Puede ser bastante más

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que dirige Jaime González Taboada ha ordenado ya el abono de los primeros 16 millones y negocia con los beneficiarios un calendario de pagos lo menos gravoso posible para las arcas públicas. Es muy posible que la Comunidad tenga que afrontar nuevas indemnizaciones resultantes de las demandas interpuestas por otros propietarios expropiadas. Una sentencia del Supremo de 2006, no firme, recoge, a requerimiento de otra afectada, que la modificación del plan general «supuso una modificación radical» del uso del parque empresarial, «incrementándose la edificabilidad y destinándose más de la mitad de la misma a usos residenciales y de equipamientos privados, con un valor de mercado muy superior al del uso de parque empresarial. Y ese cambio –continúa– a uso residencial se había hecho para la construcción de viviendas libres de lujo, circunstancias todas estas que evidenciarían el incumplimiento de la causa justificativa de la expropiación».

El pago de la indemnización no repercute a las arcas del Ayuntamiento de Las Rozas (PP), condenado por una cesión gratuita irregular de terrenos a la Federación Española de Fútbol, situado en el mismo parque empresarial.