Los malabares de los juristas de la UE para que el acuerdo con Turquía sea legal

«Me sorprende escuchar comentarios sobre si la UE puede firmar un acuerdo con Turquía que no cumpla la legalidad internacional. Eso es al revés, la UE no puede firmar ningún acuerdo que no esté de acuerdo con las leyes». Las palabras del presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, concuerdan con la doctrina oficial de las instituciones europeas, pero choca con una realidad laberíntica en la que los juristas se tienen que mover como en un campo de minas. Es verdad que la UE solo hace actos legales, o al menos eso pretende, pero para cumplir su objetivo prioritario, que es detener el flujo masivo de refugiados y restablecer la frontera exterior y salvar el funcionamiento de la zona Schengen hay que pasar muy cerca de los límites.

Y si esos malabares hay que hacerlos compatibles con las complejas particularidades jurídicas de Turquía, la fórmula se vuelve sencillamente inverosímil.

Lo único que se puede dar por cierto es la sentencia que publicó ayer mismo -¿casualidad?- el Tribunal Europeo de Luxemburgo y que afirma que es legal deportar a un tercer país no europeo a un demandante de asilo cuya solicitud haya sido rechazada. El caso al que se refiere, un paquistaní que entró ilegalmente en Hungría, determina que tanto el país por el que entró en la UE como cualquier otro pueden devolverlo a un país tercero «seguro». El problema en este caso es que Turquía no es todavía un país seguro. De hecho, la declaración de «país seguro» dejaría sin derecho a solicitar protección, por ejemplo, a muchos opositores o a ciudadanos kurdos que pueden alegar que son perseguidos. De manera que la UE distingue ahora entre «país de origen seguro», que no se aplica a Turquía, y «país tercero seguro» que si lo puede ser: en el fondo se viene a decir que Turquía es seguro para los sirios que sean expulsados de Grecia, aunque sepamos que no lo es para los propios turcos.

La cuestión, sin embargo, es más compleja, puesto que la declaración de Turquía como «país tercero seguro» debe hacerla la propia Grecia, que es el país que tomará la decisión jurídica de expulsar a los refugiados. Pero para poner en marcha este convenio bilateral, Turquía debe aceptar determinadas reformas legales sobre su sistema de garantías jurídicas, cuando ayer mismo aprobó una nueva legislación ampliando muy generosamente los campos en los que una persona puede ser acusada de terrorismo. Por ello, Grecia quiere que sean los Veintiocho los que tomen esta decisión de «blanquear» a su enemigo secular o al menos que le respalden políticamente en este paso.

El acuerdo se basa en respeto de la Convención de Ginebra sobre refugiados. El problema es que Turquía no ha ratificado plenamente esta legislación internacional y no puede aceptar que aparezca en el documento que se compromete a cumplir algo que no ha querido ratificar. Por eso en la propuesta se ha delimitado la expresión a que Turquía acepta tratar a los refugiados «según los estándares internacionales» una vez lleguen a su territorio cuando sean devueltos de Grecia.

Tarea para Grecia

Pero para que eso suceda, primero Grecia debería mejorar sensiblemente su capacidad de gestión. Se estima que en estos momentos si utilizase a toda máquina su sistema judicial podría tramitar unos mil quinientos expedientes de demanda de asilo al mes, pero eso es apenas la cifra de los que llegan ilegalmente cada día a su territorio. Lo de menos son los 20 millones de euros mensuales que la Comisión calcula que costaría el mecanismo para atender a los refugiados tal como van llegando, porque ese dinero lo pagaría la UE. Pero sobre lo que no hay duda es que si se llega a poner en marcha el mecanismo será una noria de expulsiones sistemáticas. Aunque el compromiso legal y político es que los procesos se harán de forma individual, la idea explícita del trato con Turquía es que se lleven a cabo de forma masiva.

La propuesta también menciona que se aplicarán los criterios de la directiva de asilo, que prevén la posibilidad de que cada persona a la que se le haya negado la protección pueda recurrir ante los tribunales. En el caso de un sistema judicial como el griego, que se puede calcular que estaría sobradamente colapsado en tal caso, se añade la duda que ninguna institución europea ha resuelto sobre si ese recurso suspende o no el procedimiento de expulsión hasta que haya una decisión definitiva. Aunque existen teorías que afirman que no existe una relación directa entre una cosa y otra, la cuestión queda en manos de las propias autoridades judiciales griegas. De todos modos, para un refugiado sirio que se encuentra en una tienda de campaña en Grecia no ha de ser fácil encontrar un abogado. Es más probable que encuentre antes un traficante de personas corrupto que le saque de allí.