Un fiscal dice que las 242 víctimas del incendio de la discoteca Kiss murieron por «su estado de embriaguez»

En una decisión insólita, una fiscal brasileña culpó a las víctimas por sus muertes en el incendio que mató 242 jóvenes hace cuatro años, en la discoteca Kiss, en el municipio de Santa María, estado de Rio Grande do Sul. En el documento, que contesta la indemnización pedida por los familiares de las víctimas, la fiscal Mirela Marquezan, de Santa María, destacó que la embriaguez de algunas víctimas contribuyó a sus muertes en la tragedia que marcó al país, el 27 de enero de 2013.

La decisión atiende el argumento de defensa de la alcaldía de Santa María, que para evitar el pago de indemnizaciones, alega que el estado de embriaguez de las víctimas puede haber complicado la salida de la discoteca, donde además de los 242 muertos, 680 quedaron heridos.

La discoteca forrada por materiales inflamables, realizaba shows pirotécnicos, estaba con la licencia de bomberos vencida, con extintores que no funcionaban, y con apenas 23 empleados para un público de más de mil personas.

«Con seguridad diferentes factores contribuyeron para esta diferencia de conductas y desenlaces, siendo uno de ellos, el estado de sobriedad o de embriaguez de cada uno de los frecuentadores del establecimiento, hecho que debe ser bien analizado en cada caso concreto», resalta la fiscal, en un documento que ha sido difundido por el abogado Luiz Fernando Scherer Smaniotto, representante de familias de las víctimas

«Pese a la conmoción generalizada y luto colectivos ocurridos en la tragedia de la discoteca Kiss, e incluso pudiendo parecer insensible mencionar la posibilidad de participación de las propias víctimas; no hay cómo ignorar el hecho de que diversas personas que estaban frente al escenario, donde comenzó el incendio, consiguieron salir, mientras otras, que estaban más cerca a la puerta de salida, no salieron del recinto», argumenta la fiscal.

La conclusión de Marquezan provocó la indignación de parientes de las víctimas y de sobrevivientes. «Quiero saber en cuál técnica ella se basó para escribir eso. Primero, ella no es médica. Segundo, no es bombero para saber si las personas podían o no salir de la discoteca. Ella no tiene conocimiento técnico para usar ese argumento», dijo al portal UOL el presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas y Sobrevivientes de la Tragedia de Santa María (AVTSM), Sergio Silva.

Silva informó que tiene una reunión marcada con el nuevo alcalde de Santa María, Jorge Pozzobom, para discutir ese asunto, y que debe presentar una acción judicial contra las fiscal. «Mi hijo estaba en la puerta de la discoteca, estaba con mi coche y no tenía una única gota de alcohol en la sangre, según la pericia realizada en su cuerpo», explicó Silva. «Yo como padre hubiera preferido que estuviese borracho o drogado, para que muriese sin noción de la realidad y no sufriendo, como fue», declaró indignado.

Sin culpables cuatro años después

Después de cuatro años de la tragedia el juicio de los acusados aún no tiene plazo para definirse y nadie ha sido encarcelado. De los casi 30 responsabilizazos por las 242 muertes, quedan cuatro acusados que aguardan la lenta justicia brasileña. En la corte común, solo ha sido definida una pena, convertida en servicios comunitarios.

En julio del año pasado, la justicia determinó juicio popular contra los socios de la discoteca, Elissandro Spohr y Mauro Hoffmann, y los músicos de la banda Gurizada Fandangueira, Marcelo de Jesus dos Santos y Luciano Augusto Bonilha Leão, que encendieron fuegos artificiales dentro del local provocando el incendio. La decisión, sin embargo, aún no es definitiva y cabe recurso ante la Corte Superior de Justicia. Los jueces han justificado la demora por el tamaño y la complejidad del proceso que suma 20 mil páginas, pericias de ingeniería, de medicina y de arquitectura.

Mientras la Justicia brasileña tarda, las familias organizadas están buscando apoyo internacional para responsabilizar al Estado brasileño por omisión, negligencia y no cumplir la ley. Los familiares han presentado, en enero, una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El documento sugiere que la alcaldía de Santa María, el Cuerpo de Bomberos y el Ministerio Público sabían que la discoteca Kiss funcionaba de forma irregular, y no adoptaron medidas para interrumpir sus actividades.