Auge y caída de los mungiki, la mafia de Kenia

5 de marzo de 2009, Oscar Kamau Kingara y John Paul Oulu, dos prominentes activistas de Kenia, son asesinados a tiros en la capital del país, Nairobi, mientras se dirigen a una reunión con miembros de la Comisión de Derechos Humanos local.

Solo dos años antes, su fundación había publicado un informe titulado «Licencia para matar: ejecuciones extrajudiciales y brutalidad policial en Kenia», en el que documentaban 8.040 casos de tortura y asesinatos cometidos por oficiales de la Policía en el marco de una supuesta operación contra los mungiki, una secta mafiosa, político-religiosa, surgida en la década de los 80.

Madrugada del 21 de abril de 2009 en la localidad de Karatina, en pleno centro de Kenia. Decenas de mungiki asesinan a 29 personas de las aldeas colindantes.

Los muertos, todos ellos hombres, fueron liquidados a machetazos mientras dormían como parte de una venganza a una ejecución similar organizada, días antes, por milicias vecinales contra miembros de los propios mungiki (cuya tradución no literal es «multitud» o «gente unida»), a quienes acusaban de extorsionar a la población. Fue una guerra sangrienta que se llevó más de 100 vidas y dejó decenas de heridos.

En la última década, el peso específico de los mungki, una asociación civil surgida, según sus propias palabras, para proteger a la tribu kikuyu frente a la Policía y los clanes rivales, ha decrecido conforme su estructura se gangrenaba. De su fortaleza como monopolistas de negocios como los «matatu» (furgonetas colectivas utilizadas como transporte masivo por la población), la presión popular acabó relegándolos a meros mercenarios de la clase política.

Hasta que, en 2009, comenzaron a ser demasiado molestos. Del renegado «capo» mungiki Maina Njenga, quien ese mismo año abandonaba el grupo (en 2014 sufriría un intento de asesinato), a su portavoz, David Gitau Njuguna, fallecido en un tiroteo, sus líderes fueron quedando en el camino.

«Testigos de la causa de Kenia en el Tribunal Penal Internacional están desapareciendo». A comienzos de 2013, Paul Muite, abogado de miembros destacados del grupo mafioso mungiki, realizaba estas declaraciones a ABC. Entonces, sus defendidos estaban acusados de orquestar las más sangrientas masacres durante la ola de violencia post electoral que sufrió el país africano en 2007-2008. En ella, más de 1.100 personas perdieron la vida y 300.000 fueron desplazadas.

El mayor dilema del caso siempre fue otorgar nombre y apellidos a quién/quiénes subvencionaron a estos grupos. Aunque quizá nunca se haga justicia. Recientemente, el Tribunal Penal Internacional (CPI) decidía cerrar por falta de pruebas el caso contra el vicepresidente de Kenia, William Ruto, y el periodista Joshua Arap Sang, a los que se acusaba de crímenes de lesa humanidad.

En los últimos meses, la defensa de Ruto reconocía que buena parte de los testimonios contra el vicepresidente han desaparecido (al igual que aquellos en contra del otro acusado, el periodista Joshua Arap Sang). La Fiscalía denuncia, por su parte, que los testigos han sido coaccionados en un juicio dilatado ya en exceso. «Tenemos registrados hasta 16 casos de jóvenes viudas cuyos maridos han desaparecido sin rastro (…) Se aseguran de que no aparezcan los cadáveres. Si no hay cuerpo, nadie investiga (...) Los escuadrones de ejecución suelen arrojarlos a las alimañas para que se deshagan de ellos o los disuelven en ácido», denunciaba hace tres años a ABC el propio abogado Muite.

Sin embargo, ahora, crecen los temores de un cierto reagrupamiento tras años de silencio: En el último mes la Policía kenia ha arrestado a diez sospechosos durante una presunta ceremonia secreta de juramento mungiki en el condado de Nyeri, en el centro del país.

Ya a comienzos de año, el inspector general de la Policía, Joseph Boinnet, había advertido de la reactivación de bandas criminales antes de las elecciones generales de 2017.

Porque con los mungiki, nada parece casual.