Las universidades que más investiguen tendrán mejor financiación en Madrid

Este miércoles se publicará en el Portal de Transparencia del Gobierno de Madrid el borrador de la Ley de Educación Superior de la región, o ley de universidades. En ella, se recoge un nuevo sistema de financiación que no será igual para todos, sino que tendrá una parte variable que dependerá de la actividad docente e investigadora de cada centro.

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha explicado que este nuevo modelo de financiación que se quiere implantar quiere servir de estímulo para la modernización universitaria. La fórmula que se ha elegido es la de un sistema de financiación «variable y plurianual», con una parte fija y otra dependiendo de que se cumplan unos objetivos evaluables, tanto en docencia como en número de publicaciones, impacto de las mismas, inserción laboral de los titulados, uso de nuevas metodologías docentes o capacidad para captar fondos para proyectos de investigación.

Retener el talento

De este modo, las universidades que mejor valoradas estuvieran según estos criterios serían las que obtuvieran mayor financiación en esta parte variable. En Madrid hay seis universidades públicas y ocho privadas, que hasta ahora carecen de una regulación específica. Esta ley viene a suplir esa carencia.

Además, en el texto preparado por la consejería que dirige Rafael van Grieken, también se incluyen medidas para favorecer la movilidad internacional del profesorado, así como otras para atraer y retener el talento también de estudiantes.

Y especialmente pensado para este colectivo está la constitución del Consejo de Estudiantes Universitario, que será el órgano de representación y participación estudiantil en el sistema universitario madrileño. Los alumnos participarán en la evaluación del profesorado mediatne parámetros de docencia.

A partir de ahora, la ley inicia un proceso de información pública, que terminará con la recepción de alegaciones. El Gobierno regional espera contar con aportaciones de los rectores para mejorar el texto legal, y también con las incorporaciones que aporten los grupos políticos cuando el texto pase por la Asamblea de Madrid.