Los titiriteros del Carnaval de Madrid piden ser sacados del fichero de presos de especial seguimiento

Los titiriteros del Carnaval de Madrid que fueron encarcelados cuatro días han recurrido su inclusión en el fichero de presos de especial seguimiento, el Fichero FIES 3 BA (Bandas armadas), cuando ingresaron en la prisión de Soto del Real, una base de datos en la que continúan, a pesar de estar ya en libertad. El juez les encarceló de forma preventiva al día siguiente de la representación y les liberó cuatro días después, cuando la Fiscalía apreció que el riesgo de fuga y la capacidad de reincidir habían disminuido.

En un recurso de queja, presentado ante el juez de vigilancia penitenciaria, el encargado de garantizar los derechos de los reclusos, los abogados de los dos actores de guiñol argumentan que su inclusión sin justificación en dicho fichero vulnera los derechos fundamentales, puesto que permite controlar los movimientos y comunicaciones de los mismos. Solicitan al magistrado que anule su inclusión.

Los letrados de los dos actores, que tienen prohibido salir de España y requisado su pasaporte, explican que para ser incluido en este fichero el preso debe estar vinculado a bandas armadas o elementos terroristas o colaborar con los mismos, algo que no sucede con los dos titiriteros, argumentan. Los recursos alegan que el Tribunal Supremo ha dejado claro que el delito de enaltecimiento del terrorismo (que los titiriteros rechazan haber cometido) no es un delito de terrorismo. Su presencia en dicho archivo supone por tanto «un abuso y una desviación» de las normas penitenciarias, concluyen.

La representación que ha causado la polémica y por la que ambos titiriteros están siendo investigados se desarrolló en castellano, esperanto y latín. Así lo ha explicado el abogado de uno de ellos este miércoles tras las declaraciones de cuatro testigos de la representación, que han expresado que no entendían, en general, el idioma de los actores y las marionetas.

El juez citó a cuatro personas que presenciaron la obra para avanzar en la investigación, que trata de aclarar si los dos actores de guiñol cometieron los delitos de incitación al odio y de enaltecimiento del terrorismo. Así lo considera la Fiscalía. Los letrados estudian solicitar alguna diligencia mientras se resuelve si se archiva el caso, como solicitaron.

Los testigos son dos padres y dos sanitarios del Samur presentes en la representación, que se realizó en la plaza del canal de Isabel II del barrio madrileño de Tetuán, ante un público infantil. Según fuentes jurídicas presentes en la sala, la madre que llamó a la Policía ha relatado que se quedó «horrorizada» al observar la obra, a la que asistió con su hija de dos años. Hablaban en un idioma ininteligible, ha afirmado.

El otro padre que ha testificado ha explicado que la representación, en la que se apuñalaba a una monja y se ahorcaba a un juez, no tenía argumento ninguno, según las mismas fuentes. También ha expresado que, según lo que el observó, no había diálogo alguno. Un letrado de los titiriteros ha aclarado que la presentación de la obra se pronunció en castellano, los diálogos en esperanto (un idioma inventado sobre la base de lenguas románicas, germánicas y eslavas) y la parte del juez, en latín. Uno de los sanitarios ha asegurado que vio la pancarta polémica, que decía «Gora alka-ETA», sostenida por una de las marionetas.

El juez del caso, Ismael Moreno, considera que la exhibición de esta pancarta puede suponer un delito de enaltecimiento del terrorismo, al ensalzar a una banda terrorista. Los actores de guiñol, que tienen que acudir al juzgado cada quince y treinta días respectivamente, acuden al contexto para negar que haya delito: según ellos, la pancarta es colocada por un policía para incriminar al personaje y no tiene ninguna intención de ensalzar a ETA. Alude, dicen, a un grupo armado ficticio.