Manuela Carmena, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid - ISABEL PERMUY

La política de Carmena tropieza con la realidad: TSJM, Hacienda y el callejero franquista

La intervención de Cristóbal Montoro, la Memoria Histórica o las comisiones de investigación sintetizan cómo los planes de Ahora Madrid se han tornado en imposibles

MadridActualizado:

La intervención de las cuentas por el Ministerio de Hacienda y el rechazo a las comisiones de investigación sobre la gestión del PP sintetizan lo que, en parte, ha sido la política de Manuela Carmena en Cibeles: tropezar con la realidad. Las intenciones de la alcaldesa y sus concejales, así como su gestión en el Ayuntamiento, a menudo son rechazadas por su mala práxis, su ilegalidad o, directamente, porque en el poder el pensamiento es distinto.

Dos cuestiones explican esta última consideración. Una es la anunciada bajada de sueldos, que dos años y medio después no ha llegado. De hecho, Rita Maestre explicó su cambio de parecer con la excusa de que era el Pleno quien debía aprobarlo. También el trato de las imputaciones, que entre la campaña electoral y la actualidad tienen un fondo diametralmente opuesto. La propia Maestre por su asalto a la capilla de la Complutense, condena incluida (después fue absuelta); Guillermo Zapata, por enaltecimiento del terrorismo (también archivada) y por «okupar» un inmueble con el Patio Maravillas; o Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, por el caso del Open de Tenis, son ejemplos de ediles de Ahora Madrid que se sentaron como acusados en el banquillo. En los dos últimos casos por malversación de fondos públicos, prevaricación y delito societario, conductas para las que el delegado de Economía pidió airadamente la dimisión de Concepción Dancausa.

Lo cierto es que Sánchez Mato aglutina buena parte de esta gestión incompatible con la realidad. Su cruzada contra la denominada como Ley Montoro se traduce en un incumplimiento constante del techo de gasto, lo que ha desembocado en que Hacienda vuelva a rechazar por tercera vez el Plan Económico y Financiero y pase a fiscalizar las cuentas del Consistorio. El edil de Economía también repitió que la deuda era «ilegítima» y que se desarrollaría una auditoría ciudadana para dirimir su origen. Pasados dos años y medio, la amortización de esta es una de las piedras angulares de su gestión, si bien esconde la falta de ejecución en las inversiones sostenibles.

Respecto a la auditoría ciudadana, cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado esta semana por segunda vez la comisión de investigación de Ahora Madrid y el PSOE sobre los gobiernos del Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella, que desde el inicio no era vinculante. El Ayuntamiento debe ahora pagar las costas del proceso, que superan los 1.000 euros.

Freno al cambio de calles

Pero si hay un extremo de la política municipal que está encallado es la Memoria Histórica. Primero fue la Cátedra de la Memoria, que dirigía Mirta Núñez Díaz-Balart (hijastra de Fidel Castro), quien acumuló errores hasta que fue disuelta. La retirada del monolito al Alférez Provisional y de la placa en homenaje a los beatos carmelitas fusilados en la Guerra Civil se hizo de forma improvisada, sin permiso alguno y en el límite de la ley. Tanto fue así que ambos monumentos se repusieron y se constituyó el Comisionado de la Memoria Histórica, con la socialista Paca Sauquillo al frente.

Aunque los errores y confusiones de nombres desaparecieron, el cambio de calles por sus reminiscencias franquistas también ha fracasado. El proceso de adaptación a la Ley de Memoria Histórica está paralizado cautelarmente por la Justicia por las dudas que presenta, especialmente por los perjuicios que ocasiones a los vecinos los trámites administrativos con la nueva nomenclatura. Tras este revés judicial, el Ayuntamiento de la capital aún no se ha pronunciado.

Esta medida era una de las consignas estrellas recogidas en el programa de Ahora Madrid, aunque no al mismo nivel que la promesa de acabar con los desahucios. Sin embargo, según reconoció el coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, plantearlo así fue un «error», ya que el Consistorio carece de estas competencias. En ese sentido, también anunció que a lo largo de la legislatura iba a construir un total de 4.200 viviendas protegidas, pero hasta hace solo unos meses la ejecución era únicamente del 3 por ciento.