Réquiem por dos cajas quebradas

Sería un error si cerráramos el nefasto capítulo de la gestión de las cajas con la sentencia conocida el jueves, que condenaba a cuatro exdirectivos y un abogado de Novacaixagalicia a dos años de prisión por autoconcederse indemnizaciones millonarias un cuarto de hora antes del definitivo rescate de la entidad con más de 9.000 millones de euros de dinero público. Porque en el fallo de la Audiencia Nacional se dicen otras cosas tan o más relevantes que el quebranto de 18 millones que Pego, Gayoso, Gorriarán, Estrada y Pradas infringieron a la caja.

Entre los hechos probados, la Audiencia atestigua que la caja fusionada, heredera de Caixa Galicia y Caixanova, se encontraba en una «situación calamitosa», que atribuye a «pérdidas enmascaradas en su contabilidad por sobrevalorización de activos», cuestionando la contabilidad de ambas por «no reflejar la imagen fiel de las entidades fusionadas».

Es decir, no fue una simple gestión equivocada —en la que todo empresario puede incurrir sin que se le exijan responsabilidades penales—, sino que existió un intento de maquillaje de una situación insostenible, un dolo evidente que sí podría ser investigado, como ha sucedido en Bankia. Las cajas gallegas no quebraron solas, y la filantropía de sus directivos con entidades sociales, culturales o económicas de Galicia no disuelve en modo alguno el desastre económico.

Sigue la sentencia reproduciendo el informe del Banco de España, según el cual Caixa Galicia «era prácticamente inviable, y Caixanova estaba un poco mejor que Caixa Galicia, pero también estaba mal, teniendo en cuenta unos desequilibrios que hacían que no pudieran funcionar por sí solas». No era esto lo que decía el alcalde de Vigo y repetía a coro el PSdeG. Según Caballero, Caixanova era una entidad «saneada, con un proyecto propio y diferenciado» (14-3-2011).

Aun dijo más, aseguró que sin la fusión «Caixanova estaría vivita y coleando» porque estaba «sana y reluciente» (3-10-2011). En diciembre de 2009, incluso, llevó al pleno vigués una moción que defendía a la caja del sur como «un proyecto estable, solvente y eficiente». En esas fechas acusó a Feijóo de «querer llevarse los ahorros de los vigueses y usar a Caixanova para arreglar los problemas del norte». Los ahorros ya habían sido liquidados desde García Barbón con una gestión más que cuestionable.

Pero tanto lo repitió — y lo hizo repetir a otros— que movilizó a la ciudad para dar la cara por la entidad y sus directivos en aquella multitudinaria manifestación del 9 de febrero de 2010. Aquellos directivos que tanta gloria habrían de lograr para Caixanova son los que acaban de ser condenados a dos años de prisión, los mismos que idearon y ejecutaron la estrategia de comercialización masiva —y fraudulenta— de las preferentes y subordinadas. Esto demuestra que la caja del sur no la quebró Núñez Feijóo impulsando la fusión con la del norte, sino que ya venía de casa herida de muerte. Cuestión aparte es que la fusión, per se, tampoco fuera a resucitar ambas entidades. «Se tuvieron desde el principio serias dudas de la viabilidad del proyecto», afirmó en el juicio Pedro González, director de inspectores del Banco de España, de ahí que se tuvieran que inyectar inicialmente 1.162 millones de euros y posteriormente la operación acordeón para crear NCG Banco, con otros 2.465 millones adicionales.

Ayer el PSOE, que se opuso a la fusión de las cajas y forzó el blindaje de sus directivos para que el Gobierno de España —con Zapatero al frente— avalara la operación, señaló sin pudor a Feijóo como responsable del fiasco. Según José Ramón Gómez Besteiro, el presidente de la Xunta «no resiste las hemerotecas», porque prometió «una caja única y hoy tenemos un banco privatizado».

La postura de los socialistas es de un cinismo notable. En primer lugar, porque esa Caixa Galicia quebrada tenía como vicepresidente a un notable de su partido, el entonces presidente de la Diputación Salvador Fernández Moreda, y como vocal a la entonces secretaria de organización del PSdeG y diputada autonómica Mar Barcón. Ambos estaban sentados —con otros políticos, también del PP— en el consejo de administración de la caja que tomaba las decisiones que la condujo a la más absoluta insolvencia.

Y en segundo lugar, porque la alternativa socialista a la fusión gallega era la mezcla interterritorial, siguiendo el criterio Fernández Ordóñez: Caixa Galicia para Caja Madrid, Caixanova con los asturianos. Hoy, Caixa Galicia estaría igual de quebrada dentro del conglomerado Bankia —otro banco en proceso de privatización tras su rescate— y Caixanova habría entrado en Liberbank, diluida en una SIP con otras cajas de ahorros que necesitaron también de un rescate parcial.

Quien dio la puntilla letal a aquella Novacaixagalicia que intentaba salir adelante a finales de 2010 a pesar del lastre de partida fue el Gobierno de Zapatero, con aquel Real Decreto de febrero 2/2011 de recapitalización que elevaba al 10% el umbral exigido de solvencia, y que forzó a la caja fusionada a bancarizarse para poder vivir apenas unos meses más. Con aquella estocada desaparecían casi en su totalidad las cajas de ahorros —competencia autonómica— y pasaban a ser bancos, regulados por el Ministerio de Economía y supervisados (o no) por el Banco de España.

Hoy, volver atrás es imposible y el sólido proyecto de Abanca crece, aprendiendo de los errores de las extintas cajas. Pero la sociedad gallega sigue demandando conocer, punto por punto, cómo se hizo un agujero de 9.000 millones de euros en dos entidades financieras sin que el Banco de España (aparentemente) alzara la voz ni interviniese ante lo que parecía un secreto a voces pero que se ocultó a los miles de ahorradores. Es de justicia. Y quizás entonces, además de ser todos los que están, estarán todos los que fueron algo en aquellas dos cajas, auténticos poderes fácticos de la Galicia de los últimos treinta años, con independencia de la fecha en que se les obligara a jubilarse.