Legalidad y política

Para intentar alcanzar una reflexión serena sobre la cuestión de las centrales de Ferroatlántica es recomendable aislarse del ruido, y separar el plano legal del político. La actividad de la empresa es fruto de una concesión administrativa, por lo que está sujeta a las limitaciones que marque la ley. Así que la primera cuestión sería si solicitar la segregación de los saltos hidroeléctricos respecto de la fábrica de ferroaleaciones es o no legal. Hoy ABC reproduce la opinión autorizada de un catedrático de la USC favorable a esta pretensión de la empresa. Pero como la doctrina suele estar casi siempre dividida, habrá que esperar a la respuesta de la Xunta, que en primer lugar será jurídica.

Luego está el plano político, o mejor dicho, politizado.

En esta espiral por sobredimensionar cualquier asunto de la vida pública gallega para sumar puntos ante la sociedad, el BNG ha convertido Ferroatlántica en un caballo de batalla más contra el PP y Núñez Feijóo. Bien es sabido que el nacionalismo necesita de esa agitación social para propagarse. Cierto es que hay elementos para fabricar teorías retorcidas, como la «operación Lezo» o la figura de Villar Mir. Pero mientras no se demuestre lo contrario, todos esos ingredientes son propios del cocido madrileño, no del gallego. La compañía quiere vender las hidroeléctricas no para financiar al PP ni nada que se le parezca, sino para invertir más y mejor en Cee y Sabón. Eso dicen.

La política de comunicación de Ferroatlántica podría haber sido mejor, eso también cabe apuntarlo. No supieron combatir el ruido, y cuando quisieron hacerlo, su voz se perdía entre la distorsión. El BNG y la CIG —disculpen la redundancia— enarbolan la versión de que si las centrales se segregan, la empresa venderá las hidroeléctricas y cerrarán las ferroaleaciones. Se benefician de Galicia y arrasan con sus recursos. El Apocalipsis según Santa Ana (Pontón), aunque falto de un sustento real que permita creer el vaticinio.

Nada de eso está escrito. Ni tan siquiera esbozado. Pero tampoco ayuda que la multinacional amenace con cerrar la planta de Sabón si no vende los saltos hidroeléctricos. Porque al principio de los tiempos no se esgrimió esa circunstancia, sino que la venta se necesitaba para crecer, no para evitar cierre alguno. Hoy se ha alcanzado tal grado de encono que la Xunta está en una posición controvertida: si no autoriza una segregación legal, se juega a que un tribunal la desautorice. Y si da el visto bueno, los sindicatos la llevarán al mismo tribunal para impedirla.

¿Qué pesa más? ¿La expectativa de una mayor inversión que genere riqueza o mantener el actual status quo? ¿El pájaro en mano o el ciento volando?