Damnificados por la justicia

El pasado 22 de noviembre se cumplieron cinco años desde que el entonces alcalde de Lugo, José López Orozco, declaró por primera vez ante la jueza De Lara, en calidad de investigado en la llamada «Operación Pokemon» , una causa abierta por presunta corrupción y que lleva camino de convertirse en otro ejemplo paradigmático de que, con frecuencia indeseable, la Justicia en España se aplica con más ahínco a rubricar (por no decir acrecentar) abusos que a repararlos. Una palabra sin medir, una insinuación al vuelo o cualquier insidia deslizada a ver si cuela pueden inferir heridas irreversibles a cualquier persona honorable y a sus familias. «Palabra y piedra suelta no tienen vuelta», advierte el refrán. Y si por milagro la tienen siempre es demasiado tarde, cuando ya toda rectificación sirve solamente para reavivar el recuerdo de la infamia.

En política, las afrentas y las calumnias son moneda de uso corriente. Quien tuvo gusto en estudiar la vertiente literaria de tales bajezas (aquí parece de cajón recordar al Borges de la «La historia universal de la infamia», aunque en nuestro país Bill Harrigan parecería un ingenuo altruista) llama a los damnificados en batallas parecidas a las libradas por el ex-alcalde Orozco «víctimas del fuego amigo». Y quizá desde las trincheras de los nuestros hayan salido los primeros disparos. No entremos ahora en eso. Pero en el último quinquenio han pasado muchas cosas, que quizá podrían haberse evitado si una citación para declarar ante un juez o ante una jueza se resolviese con razonable diligencia y no se convirtiese en un calvario. O, si se prefiere, en un estropicio personal y familiar. Si llegado el caso todo quedase en una raya en el agua, ¿alguien va a reconocer el derecho del señor Orozco a postularse para alcalde de Lugo con efecto retroactivo ? ¿Alguien tendrá aplomo y humildad suficientes para pedir disculpas?

En este país nuestro, empieza a ser inquietante la derogación fáctica del principio de presunción de inocencia y, en consecuencia, la equivalencia entre los hechos probados en los tribunales, y los instalados en fase procesal. Por lo pronto, en los titulares de muchos periódicos merecen igual consideración. Estamos a un paso de poner fin a la modulación de los tipos penales. Dentro de poco, cobrará plena vigencia el título de la película berlanguiana: todos corruptos, todos a la cárcel.