Citroën Vigo pujará por un nuevo modelo para la fábrica de Balaídos

Pese a la prudencia que requieren este tipo de anuncios, en PSA Peugeot Citroën Vigo saben que son muchos los aspectos que juegan a su favor para la adjudicación del nuevo modelo que ayer anunciaba la factoría. Un proyecto ambicioso por el que fábrica olívica tendrá que competir «con el resto de plantas del grupo en Europa», tal y como avanzaba su director Yann Martin. Una adjudicación que, de conseguirse, supondría para la viguesa un «importante volumen de producción», pues sería un diseño que se distribuiría por todo el mundo.

Pocos detalles pudo precisar Martin, quien se excusó por razones de confidencialidad. Eso sí, indicó que la propuesta de industrialización, que debe resultar «competitiva» y alcanzar los índices de eficiencia «a nivel de las mejores fábricas del mundo», empezará a tomar forma a partir de la próxima semana cuando el equipo de trabajo se reúna por primera vez.

«Vamos a ganar». Martin cerraba así su intervención este viernes ante la prensa conocedor de que la fábrica tiene preferencia para un nuevo modelo, pues las condiciones del convenio vigente que sirvieron para garantizarse el proyecto K9 (el nuevo modelo de furgonetas) con importantes ajustes sobre la tasa de mano de obra, así como la transformación de la planta de Balaídos reman a favor.

Entonces, cuando PSA Vigo se jugaba con la eslovaca de Trnava la adjudicación de la nueva generación de furgonetas del grupo francés —empezarán a fabricarse en la ciudad olívica a partir de 2017—, la delegación gallega de la firma automovilística no solo actuó sobre los ajustes salariales, también sobre otros tres frentes; inversiones, logística y proveedores. Precisamente, preguntado sobre este último punto, Martin evitó manifestarse sobre las posibles «acciones complementarias» que pudieran derivar, a nivel industrial o laboral, de la puja por el vehículo anunciado.

En principio, la suscripción del convenio colectivo por parte del 88% de la representación sindical, firmado el pasado mes de noviembre, otorga un plus de tranquilidad, pues ofrece un marco laboral estable para que la empresa pueda ser competitiva hasta 2019.

Siendo así, el principal escollo que encuentra ahora la planta es su desarrollo urbanístico. La anulación del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) tiene una repercusión directa sobre la reordenación de espacios en los terrenos que ocupa actualmente la factoría. Extremo este último que abordaron ayer directivos de PSA Vigo junto al presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, el conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, y la delegada de Zona Franca, Teresa Pedrosa.

En lo que respecta a este ámbito y para «tranquilidad del grupo», el mandatario autonómico se comprometió a actuar para que la fábrica de Balaídos pueda desarrollar sus planes estratégicos con «garantías jurídicas». Feijóo, quien manifestó el apoyo de la Xunta no solo a PSA sino a todo el sector auxiliar de la automoción, saludó la iniciativa de competir por un nuevo modelo que, dijo, «no será fácil, pues no lo fue con el K9». «No se trata de avanzar un resultado, sino un principio», agregó para, acto seguido, mostrar su confianza en que el equipo de la automovilística gala en la ciudad gallega «lo logrará como nos tiene acostumbrados».

Desbloqueo urbanístico

Consciente de que ambos proyectos están condicionados por la Ley de Suelo que se aprobará el martes y, concretamente, por la modificación del artículo 144, el presidente de la Xunta hizo un llamamiento para que ese mismo día pueda prosperar la enmienda a la que Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ya ha anunciado su rechazo. «Ésta es la propuesta más rápida. Los 7.000 empleos directos y 25.000 indirectos merecen que el Parlamento gallego pueda discutir esa enmienda», argumentó, para defender que la medida ofrece seguridad jurídica y acorta los plazos de cualquier otra alternativa. La misma, recordó, se aplicaría en el caso de la Ciudad de la Justicia y la Estación Intermodal, dos espacios de especial interés para la urbe olívica.

En el caso de que AGE persista en su negativa a dar por buena la pretendida modificación, Núñez Feijóo adelantó que la Administración autonómica tramitará un proyecto de ley de lectura única y con un único artículo para el desarrollo del ámbito en Balaídos. Al respecto, justificó que se trata de «una ley excepcional para una situación excepcional», que a su vez serviría para el desarrollo de las mencionadas iniciativas públicas. «Tanto en Vigo como en otros lugares donde se necesite», señaló.

En este sentido, y ante las críticas vertidas desde la izquierda extrema en la Cámara gallega, el mandatario autonómico se vio en la obligación de matizar que no se trata de una ampliación de espacios, sino de la reordenación de los correspondientes a PSA dentro de su propio perímetro, es decir, que «ni un solo vecino de Vigo se vería perjudicado», tal y como se ha dejado caer durante estos días.

Al hilo, recordó que la planta viguesa se encuentra en una situación de «estrangulamiento», y esta ley «excepcional» permitiría el desbloqueo en un período breve, de unos 4 ó 6 meses, frente a la tramitación de un plan sectorial, que podría tardar entre 24 y36 meses según los cálculos que hizo.