Suspenden por posible prevaricación a un juez que ya fue «desterrado» de Valencia por falta grave

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado suspender de sus funciones al titular del juzgado de Instrucción número 2 de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, a quien el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha abierto juicio por una presunta prevaricación (al archivar un caso de atropello sin practicar las diligencias debidas). Presencia, aunque afincado en Talavera, ha desarrollado su carrera profesional principalmente en Valencia, donde ha protagonizado también numerosas controversias en el ejercicio de sus funciones.

De hecho, el magistrado terminó al frente del juzgado castellano-manchego como consecuencia de un «destierro» (traslado forzoso) de Valencia acordado también por el CGPJ en 2012, al hallarlo culpable de una falta grave: Presencia, por entonces juez de lo Mercantil, dirigía un master sobre procesos concursales (que costaba 12.000 euros) y, al mismo tiempo, adjudicaba concursos a sus alumnos en este master. Es decir, los alumnos del master, organizado a través de una fundación, eran designados administradores concursales de los concursos de acreedores que dependían del juzgado de Presencia.

En los últimos años, Presencia había denunciado que el presidente del TSJ castellano-manchego (el mismo tribunal que ahora lo juzgará por prevaricación) estaba al frente de una presunta trama de corrupción que no llegó a concretar. La denuncia, no obstante, fue presentada tras saber el magistrado que el Alto Tribunal le había habierto un expediente de seguimiento, en 2013, ante las sospechas de que forzaba a las partes a alcanzar acuerdos en los procesos civiles que en circunstancias normales no se producirían.

Su última controversia la protagonizó hace apenas unas semanas. Presencia dejó desatendido su juzgado en Talavera de la Reina para desplazarse a Valencia, donde tenía que asistir a la vista oral sobre su divorcio. Con su ausencia, el magistrado obligó a suspender cinco juicios civiles que estaban señalados para ese día, lo que el CGPJ consideró de nuevo como «falta grave». La sanción, acordada a principios de este mes, consistió en una multa de 2.000 euros.

Ahora, el controvertido juez, que dirigó el concurso de acreedores de la constructora Llanera (considerado un hito simbólico en el pinchazo de la burbuja inmobiliaria), se enfrenta a una posible inhabilitación de 15 años, según la calificación fiscal. Presencia está acuasado de prevaricación por dictar verbalmente un sobreseimiento en un caso de atropello, en el curso de la declaración del acusado, sin atender las versiones de las partes demandantes ni practicar pericial alguna.