La «línea roja» se le atraganta al PP valenciano

La «línea roja» autoimpuesta por el Partido Popular en los casos de dirigentes imputados en casos de presunta corrupción suma una nueva piedra en el camino de Isabel Bonig. La presidenta de los populares en la Comunidad Valenciana se ha desayunado este miércoles con una operación policial en el Ayuntamiento de Sagunto ordena por la titular del Juzgado de Instrucción número cuatro de la localidad valenciana que apunta a la línea de flotación del actual PPCV. Alfred Castelló (investigado junto a otros once ediles y antiguos concelajes por una presuna trama de «amaños de contratos») es el actual presidente del Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El responsable del órgano encargado de depurar los asuntos disciplinarios en la formación pasa a engrosar la amplia lista de dirigentes investigados por la Justicia.

Una imputación de la que el propio Castelló se ha enterado a través de los medios de comunicación cuando se encontraba en las Cortes Valencianas.

El que fuera alcalde de Sagunto, que ha defendido su inocencia, se encontraba en la tribuna de oradores del Parlamento exponiendo la posición de su grupo en el pleno a la misma hora que los agentes de la UDEF buscaban en el Ayuntamiento documentación relacionada con los años de su gestión municipal.

Otro trago para Bonig, quien en menos de una semana ha visto cómo su grupo, inmaculado hasta entonces de imputados, suma dos diputados investigados por presuntos casos de corrupción. Miquel Domínguez ya ha pasado al grupo de los no adscritos, pero no era un dirigente de la más escricta confianza de la presidenta del PP regional. De hecho, le pidió sin éxito que devolviera el acta.

Con la situación de Castelló, la sombra de la anterior legislatura vuelve a cernirse sobre el proyecto que pretende articular Bonig, quien añade a su lista de desvelos (que hasta ahora encabezaban los concejales imputados del Ayuntamiento de Valencia) a uno de los puntales de su grupo parlamentario.