Caso TaulaEl juez imputa a la exsecretaria del PP de Valencia y a la gerente provincial por delito electoral

El juez encargado del caso Taula, Víctor Gómez, ha ampliado las diligencias de investigación del presunto blanqueo de capitales en el PP del Ayuntamiento de Valencia a un supuesto delito electoral (financiación irregular) durante los comicios municipales de 2011 y 2015.

En ellas cita a declarar en calidad de investigadas a la exsecretaria del grupo municipal, Mari Carmen García Fuster, y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015 (actualmente gerente), Montserrat Tello. Además requiere al partido para que identifique a la persona que ejerció estas funciones en 2011 y a los integrantes de la Junta Directiva del PP en Valencia en las dos campañas electorales.

Según el auto hecho público este lunes, a juicio del magistrado se desprenden indicios de que, a través de la cuenta opaca del banco Sabadell (carente de fiscalización), se efectuaron pagos para estas dos campañas, cometiendo una infracción tanto de la ley de financiación de partidos como de régimen electoral.

«En este momento, resulta razonable y se justifica el comprobar si esos gastos se contabilizaron electoralmente y, en su caso, por qué no se hizo, quién o quiénes decidieron ese gasto o no reflejarlo en la contabilidad electoral y cuáles fueron las relaciones existentes entre esas personas y las designadas por el partido para cumplir con los cometidos legales», señala el juez.

Por el momento, excluye de la financiación irregular a los concejales populares investigados por blanqueo al entender que el mero hecho de haber llevado a cabo esta práctica no significa que tuvieran conocimiento del falseamiento de la contabilidad electoral.

El delito electoral, aprecia el magistrado, fue continuado, al igual que concluyó el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Éste se habría cometido de manera continuada y en conexión con el de blanqueo, por lo que acuerda investigarlos conjuntamente. Aun así, no puede imputar al PP como persona jurídica, por lo que en primera instancia recae sobre García Fuster (por gestionar la cuenta opaca) como cooperadora necesaria y sobre Tello por ser quien recoge la ley, como administradora de las candidaturas, la encargada de las cuentas.

El blanqueo y la financiación irregular se encuentran relacionados, según el juez, en la medida en que el segundo sería el precedente instrumental necesario (recaudación y afloramiento del dinero negro) para la presunta comisión del segundo. Ambos asuntos se instruirán, por lo tanto, juntos, aunque en un futuro pudieran acabar en una pieza separada.

Con esta decisión, también decide incorporar a la causa las diligencias de investigación penal abierta por la Fiscalía tras la denuncia interpuesta por Compromís.

Contabilidad electoral

El auto, en el que el se declara la complejidad de la causa y amplía la instrucción hasta el límite máximo del 15 de agosto de 2017, el juez, además, requiere al Tribunal de Cuentas la documentación remitida por el PP correspondiente a la contabilidad electoral de las elecciones municipales de 2011 y de 2015, así como de los informes de fiscalización sobre las cuentas de dicho partido y elecciones, caso de estar concluidos.

El juez se dirige igualmente a la Junta Electoral Provincial para que informe sobre la cuenta bancaria única designada por el PP como cuenta electoral de la candidatura municipal del 2015, dado que no consta remitida la información de dicha cuenta y año, a diferencia de la de 2011.

Entre las diligencias acordadas, se incluye igualmente el requerimiento a un banco para que envíe al Juzgado la relación íntegra de movimientos de la cuenta bancaria abierta a nombre del PP (cuenta electoral), y de la persona o personas autorizadas para disponer de la misma.

El juez concluye su resolución con la decisión de remitir testimonio del auto y del informe de la UCO de la Guardia Civil al Tribunal Supermo y al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tribunales que tienen pendiente pronunciarse sobre la participación de la exalcaldesa de Valencia y senadora Rita Barberá, y el exconcejal y diputado autonómico Miquel Domínguez en los hechos investigados.