El Gobierno valenciano cede su sede en Castellón para presentar un informe sobre el uso del «catalán»

El Consell ha cedido su sede en la ciudad de Castellón, conocida como Casa dels Cargols (donde se emplazaba la Delegación del Gobierno autonómico en la capital de La Plana hasta que el expresidente Alberto Fabra decidió suprimir estas oficinas para ahorrar), para que una ONG catalana y la plataforma Castelló per la Llengua presenten su «InformeCAT 2015», un documento que analiza el uso de la lengua catalana no solo en Cataluña, sino también en las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana, a la que los promotores del informe se refieren siempre como «País Valencià».

El informe, presentado este miércoles, recopila 50 datos estadísticos para evaluar la situación de uso del catalán en la administración, medios de comunicación y la calle.

Desde la misma introducción se acusa «al Gobierno español y al Estado español» de «presionar» y «jugar a la contra de la lengua». Una visión bien particular de la situación lingüística que se vive en Cataluña, donde el castellano ha sido casi erradicado de la Administración y la educación pública.

Lo más llamativo del estudio, con todo, es que se refiere en todo momento ( salvo contadas excepciones) a la lengua propia de la Comunidad Valenciana como «catalán», y lamenta que su uso esté, a su juicio, poco extendido. Así, el documento presenta conclusiones tales como que «la mitad de los ciudadanos del País Valenciano no saben hablar catalán», o que «l'Alacantí y la Marina Baja son las dos comarcas históricamente valencianoparlantes donde menos se habla catalán».

El informe huye en todo momento de la denominación oficial de la Comunidad Valenciana, fijada en el Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes en 2006, y emplea siempre el término «País Valencià», impulsado por los nacionalistas de izquierdas durante la Transición para hacer encajar la realidad valenciana con la entelequia de los «países catalanes » que difunden en la región organizaciones como Acció Cultural del País Valencià (que también da soporte a este estudio).

En cuanto al uso social de la lengua, los autores del informe lamentan que «solo tres empresas de juguetes del País Valenciano emplean el catalán en su etiquetado», o que «el programa de enseñanza en valenciano solo imparte el 36% de las sesiones en catalán».

El documento también analiza el uso del «catalán» en los organismos públicos de la Comunidad («País Valencià»), y así, se critica que «dos de cada tres secretarios judiciales del País Valenciano no sabe catalán», o que «casi la mitad de los diputados valenciano no usa nunca el catalán en las Cortes».

El informe también recoge, sin ninguna base más que la información aportada por Escola Valenciana y Acció Cultural, lo que califica de «17 vulneraciones graves de los derechos lingüísticos en el País Valenciano», entre los que destaca el cierre de las emisiones de Cataluña Radio por orden de la Generalitat (bajo el Gobierno del PP) o las presuntas amenazas a una funcionaria de la prisión de Fontcalent (Alicante) por «expresarse en catalán» en su trabajo.

En otro de los datos que recoge el informe, se asegura que la Asociación Valenciana de la Lengua sufrió «intolerables presiones» por identificar el valenciano con el catalán en su controvertido Diccionari. «A pesar de todas las evidencias científicas y jurídicas», dice el documento, «la Generalitat valenciana y el Gobierno español se niegan a reconocer la unidad de la lengua».