Junts Pel Sí ignora el dictamen del Consejo de Garantías catalán sobre el referéndum

Junts pel Sí (JpS) cedió a las presiones de la CUP y no ajustará a la legalidad la disposición adicional 31ª de los Presupuestos de la Generalitat para 2017, pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) señaló recientemente su inconstitucionalidad.

La coalición independentista mantiene así su intención de que en el presupuesto autonómico, que todavía tiene que ser aprobado por el Parlamento de Cataluña, se siga haciendo referencia a la celebración de un referéndum secesionista.

JpS envió un comunicado, ayer, señalando que llegará a un acuerdo con la CUP y que intentará lo mismo con CSQEP para que los dos grupos se unan en la aceptación de la enmienda a la disposición adicional que los primeros han registrado.

El nuevo texto indica que «el Govern, dentro de las disponibilidades presupuestarias para el 2017, tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la dotación presupuestaria suficiente para hacer frente a las necesidades de la convocatoria del referéndum

sobre el proceso político de Cataluña».

Y añade que se tendrá «en cuenta el trabajo desplegado por el Pacto Nacional por el Referéndum de acuerdo con los criterios del dictámen del Consejo de Garantías Estatutarias».

Sin embargo, el dictamen del CGE del pasado 3 de marzo fue muy claro al respecto: la convocatoria de un referéndum en España es materia «exclusiva» del Gobierno central, y así lo recoge la Constitución. El Estatuto, por su parte, regula las consultas populares para las materias que son de competencia autonómica

El CGE también concretó que el texto de la disposición presupuestaria en cuestión no podía ser «reinterpretado» con enmiendas, mientras se mantuviera la realización de un «proceso refrendario», ya que la ley de presupuestos, sobre todo, es una norma económica destinada «al cumplimiento de las competencias de la Generalitat».

La CUP se mostró satisfecha -con cierta cautela- por la decisión de JpS, después de que advirtiera a la Generalitat de que no votaría a favor de un texto que elimase la palabra «referéndum» y el compromiso a su realización.

Los antisistema dijeron, tras el dictamen del CGE, que las opiniones de esta institución no eran vinculantes y que, además, para celebrar un referéndum independentista en Cataluña «habrá que desobedecer impedimentos, mandatos judiciales o sentencias del Estado ya que no hay otra manera de hacerlo».

Por su parte, CSQEP reaccionó rápidamente a la sugerencia de JpS y rechazó su propuesta al considerarla un «engaño». Joan Coscubiela, portavoz de CSQEP en el Parlamento autonómico, reclamó a los líderes de JpS mayor claridad y que dejen de presentar propuestas confusas que «dicen una cosa y lo contrario al mismo tiempo».

Otro dictamen del CGE, conocido ayer, avala el proyecto de ley de medidas fiscales y financieras de 2017, conocida como ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat.