Barcelona lleva a Fiscalía a FCC por fraude en la recogida de basura

El teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens aseguró ayer que ven indicios penales en la actuación de la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que presuntamente defraudó 800.000 euros falseando datos de la gestión del servicio de limpieza viaria y retirada de residuos urbanos que presta en tres distritos de la ciudad entre 2013 y 2015, algo que el Consistorio denunció ante la Fiscalía el pasado lunes.

En rueda de prensa, Asens explicó que abrieron diligencias y un expediente informativo para confirmar esta información -avanzada por «El País»-, y que la Oficina de Transparencia identificó que podía tratarse de un caso de fraude con implicaciones penales por un presunto delito de estafa y otro de falsedad de documento mercantil.

Junto a la teniente de alcalde Janet Sanz, Asens pidió a la Fiscalía celeridad y contundencia en la investigación e hizo un llamamiento a la empresa para que «no tenga la tentación de destruir indicios y elementos de prueba que puedan dificultar la investigación», informó Ep.

El gerente de recursos del consistorio, Joan Linares, explicó que preparan medidas cautelares, y resaltó que, en función de lo que determine la Fiscalía y la investigación, «las consecuencias podrían acabar con la rescisión del contrato, o incluso con la inhabilitación para contratar con otras administraciones públicas» para FCC -que opera en Ciutat Vella, Gràcia y el Eixample-, en función del resultado y las conclusiones.

El comisionado de Ecología, Frederic Ximeno, explicó que la empresa presuntamente defraudó mediante varios sistemas, y que con el que más dinero generó fue organizando «un mecanismo» por el que diariamente acudían entre ocho y diez personas menos a los operativos -compuestos por un total de 254-, algo que ocultaron eludiendo las más de 9.000 inspecciones que se hacen en los tres distritos al año. Otro de los sistemas consistía en derivar residuos voluminosos y muebles a través de otros canales para no alcanzar los tramos por los que la empresa cobra menos a partir de cierta cantidad, como hizo también con los envases, que se mezclaban en un tercer circuito con otros residuos para no alcanzar estos tramos, método con el que cobró unos 6.000 euros más de lo debido.

Sanz ha coincidido en destacar que el consistorio «no tolera de ninguna forma estas actividades, e irá hasta donde sea necesario para demostrar que, con el Ayuntamiento de Barcelona, se tienen que hacer bien las cosas», ya sea FCC -que factura unos 100 millones de euros al año en estas zonas- o cualquier otra empresa.

«Es intolerable. Si se confirma, iremos hasta el final para que esta empresa devuelva hasta el último céntimo de euro que haya estafado a la ciudad», aseveró la teniente de alcalde, que explicó que contactaron con la empresa ayer mismo, y que se reunirán próximamente. Sanz añadió que la investigación inicial no involucra a ningún funcionario y afirmó que no descartan que la empresa pudiera llevar a cabo prácticas similares también antes de 2013.

El actual contrato con FCC finaliza en 2019. La empresa, por su parte, sólo explicó ayer que ha encargado una investigación interna sobre elcaso para saber si hubo iregularidades.