Mª Lourdes Rodríguez: «Necesitamos más recursos para todas las fiscalías provinciales»

La Jornada contó con la participación de la fiscal superior de Castilla y León, Lourdes Rodríguez Rey, quien reconoció «la falta de recursos en muchos de los juzgados territoriales para poder hacer efectiva la especialización de las fiscalías en el ámbito de la discapacidad», no obstante también resaltó «el compromiso que de ir mejorando día a día y avanzando en nuestro trabajo».

La máxima responsable de la Fiscalía en la Comunidad destacó la importancia que tiene para el Ministerio fiscal la defensa de la discapacidad, «algo que consume numerosa dedicación y esfuerzo en el trabajo diario de los profesionales».

La convención de Naciones Unidad es el marco de referencia bajo el que la fiscalía trabaja, «y aspiramos a poder hacer realidad esos principios fundamentales o directrices establecidos», explicó durante su comparecencia, «y se está avanzando porque no ha habido la adaptación legislativa necesaria de nuestro derecho interno».

Una línea prioritaria para la Fiscalía de Castilla y León es incrementar la coordinación en la materia de la población mayor. «Para ello se hace necesario fortalecer el cambio de impresiones y abrir vías de colaboración entre las diferentes administraciones», reclamó Rodríguez.

No obstante, la Fiscal Superior quiso poner de relieve la puesta en marcha de diferentes secciones, como la de material fiscal, medioambiente, o la propia de discapacidad dentro de las fiscalías a nivel nacional, «pero con diferencias entre provincias debido a los medios de los que se dipongan».

«Dentro de la propia sección civil se ubica la de protección para personas con discapacidad y tiene que ser la referencia para relacionarse con la fiscalía y dónde acudir», explicó María Lourdes.

Atención, información y asesoramiento y recepción de información, son las principales funciones que se desarrollan dentro de estos departamentos fiscales. «Es muy útil que lleguen a esas secciones noticias de personas que estén en situación de desprotección, maltrato institucional, económico o personal, para poder poner en marcha los resortes judiciales que existen a su disposición», recuerda la letrada. Secciones que actúan de oficio siempre en interés de la persona con discapacidad o el menor.

«En todas las fiscalías debería haber un sistema de atención a las visitas de particulares y profesionales, estandarizado y profesionalizado. Los funcionarios de la fiscalía deberían tener una formación especial que no han recibido por falta de recursos y que reclamamos porque la atención es muy diferente», solicitó Rodríguez.