Pilar del Olmo y José Armando Baeta, este lunes en la presentación de los datos de contabilidad regional
Pilar del Olmo y José Armando Baeta, este lunes en la presentación de los datos de contabilidad regional - F.HERAS
Política

La Junta apunta a una prórroga en los Presupuestos «que nunca es deseable»

Del Olmo Admite que si no hay Cuentas del Estado «es fácil que Castilla y León tenga que hacer lo mismo»

Argumenta que hay demasiados requisitos como para presentarlos «sin un respaldo»

Valladolid Actualizado: Guardar
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Con una resignación similar a la que sienten millones de ciudadanos ante la situación política que vive el país, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, planteó ya ayer como una opción real «pero nada deseada» la posibilidad de que Castilla y León se vea obligada a prorrogar sus Presupuestos para el próximo año. En un contexto de «total incertidumbre» y con un ojo puesto en la sesión de investidura que arranca el día 30 y que culminaría en principio el día 2 con una segunda votación que puede mantener la inestabilidad política si el PSOE no varía su postura, Del Olmo consideró que si sigue sin haber Gobierno «y no hay Presupuestos del Estado -deben presentarse a finales de septiembre- será muy complicado sacar los nuestros adelante».

Admitió en esta línea que «es fácil que en Castilla y León tengamos que hacer lo mismo que en España» ante la cantidad de condicionantes y requisitos que no se podrían cumplir si las Cuentas del Estado no salen finalmente adelante.

Del Olmo recordó que las prórrogas «son un fastidio» y que «son muy complicadas de gestionar» porque «hay que estudiar cada partida para saber si es incorporable o no y en qué cuantía». En este sentido, recordó la experiencia de 2012, cuanto también hubo que «repetir» los presupuestos, y consideró que «no fue buena» porque «estuvimos varios meses revisando números», para concluir que «no hay ningún gobierno que quiera utilizar esta herramienta».

Durante la presentación de los datos de la contabilidad regional del segundo trimestre del año, Del Olmo enumeró los factores que imposibilitarían prácticamente elaborar unas cuentas sin el respaldo de los de los Estado, pese a que aseguró que «estamos trabajando en ellos porque si no lo haríamos igual no llegábamos a tiempo para presentarlos» -antes del 15 de octubre en el caso de que finalmente haya un gobierno que los presentara para el próximo año de forma inmediata-. Entre los aspectos que citó y que complicarían sobremanera la aprobación de los números de la Comunidad, habló tanto del objetivo de déficit como las tasas de crecimiento de la economía que pueda anunciar ese hipotético nuevo Ejecutivo. Ambos aspectos son clave en la fijación del techo de gasto que aprueba cada año la Comunidad. Asimismo, recordó que de momento tampoco se conocen las entregas a cuenta -el dinero que llega del Estado a través del modelo de financiación autonómica-, cuando lo habitual es que se comunique un avance en julio. También se desconocen las «importantes» transferencias finalistas que llegan desde el Gobierno, además de que la Ley de Estabilidad aprobada por el PP y el PSOE en 2012 «obliga a cumplir más requisitos que antes» para poder aprobar las Cuentas. Por todo ello, Del Olmo lamentó que haya «un escenario totalmente abierto en estos momentos» en el que «todo depende de lo que se decida a nivel nacional». Por este motivo, volvió a solicitar que haya un Gobierno «cuanto antes» porque «España y todas sus comunidades lo necesitan con urgencia para poder tomar medidas urgentes y para que crear empleo no se vuelva más complicado».

«Nada nuevo»

En cuanto a las consecuencias que puede tener para Castilla y León el hecho de tener que prorrogar sus Presupuestos, la consejera recordó que parte del crecimiento de la Comunidad depende de las inversiones y de la actividad de la propia administración, que se limitaría prácticamente «a los gastos de mantenimiento sin hacer nada nuevo» en el caso de una prórroga que también supondría, por ejemplo, que los empleados verían congelados sus sueldos, al igual que las ofertas públicas de empleo. «Son cuestiones que no son buenas para la economía y que nadie quiere», concluyó.

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