El Estado, condenado por no dragar el Ebro para evitar inundaciones

El Estado acaba de ser condenado por no dragar el Ebro para evitar inundaciones. La Audiencia Nacional le obliga a indemnizar con más de 200.000 euros a un agricultor de Quinto de Ebro (Zaragoza), al que una riada le arruinó un campo de 6.000 olivos.

Fue durante las inundaciones ocurridas en el año 2013, unas de las que han tenido lugar pese a que se trató de una crecida ordinaria. Es decir: la inundación -así lo argumenta la sentencia- no fue consecuencia de una riada de grandes dimensiones, sino de una crecida ordinaria que provocó daños extraordinarios porque, al no estar suficientemente limpio el cauce, el Ebro se desbordó.

La sentencia sienta un precedente que sitúa en delicada posición al Estado, y por partida doble.

De una parte, porque es el Estado -a través de sus confederaciones hidrográficas- el responsable de mantener limpios los cauces; pero, de otra, porque pese a tener esa responsabilidad, el Estado no tiene las manos libres para realizar estas obras de mantenimiento, ya que se enfrenta también a la legislación medioambiental de cada comunidad autónoma.

En el caso del Ebro, este problema entre administraciones se ha puesto en evidencia en varias ocasiones a lo largo de los últimos años. La CHE ha alegado en diversas ocasiones que, aunque quiera limpiar el cauce, no siempre puede hacerlo porque depende también de la normativa autonómica y de las leyes de protección medioambiental que limitan seriamente el alcance de las obras a realizar en el Ebro.

El resultado es que cada vez hace falta menos agua para que el Ebro se desborde. Al acumularse sedimentos, la capacidad de desagüe del cauce se ha ido reduciendo. Y eso provoca que se produzcan inundaciones con crecidas que antes no desencadenaban daños de estsa envergadura.

La sentencia que ha dictado ahora la Audiencia Nacional abre la puerta a que, en el futuro, puedan producirse reclamaciones en cascada por parte de afectados por inundaciones del Ebro.

De momento, al agricultor al que los tribunales han dado ahora la razón, el Estado deberá abonarle 208.609 euros por la explotación de 6.000 olivos que perdió en la riada de 2013. La indemnización se ha fijado teniendo en cuenta el valor de la producción que perdió y el coste de los árboles que tuvo que arrancar.