El tribunal cambia de criterio y cita a Rajoy como testigo en el juicio de la Gürtel

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tendrá que declarar como testigo en el juicio a la trama Gürtel, una red corrupta que colonizó administraciones del Partido Popular en los años previos a la crisis económica. Dos de los tres jueces del tribunal aceptaron la petición de la acusación popular de Adade (Asociación de Abogados Demócratas de Europa), en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado, que consideran su testimonio «innecesario».

Al oponerse a la petición, la fiscal argumentó que las pruebas practicadas en las diversas investigaciones del caso Gürtel «resultan suficientes» para acreditar la llamada caja B del PP, una de las cuestiones sobre las que la acusación popular quiere interrogar a Rajoy y que es el objeto de otra causa separada.

El tribunal tomó la decisión por mayoría, sin unanimidad, al finalizar la sesión de testificales de ayer y no desveló por ahora la fecha.

El testimonio de Rajoy –que declarará bajo juramento de decir la verdad para no incurrir en delito– había sido rechazado en dos ocasiones por el tribunal: una, a lo largo de la investigación; la última, en las primeras sesiones de la vista oral, las dedicadas a las cuestiones previas de forma. La Fiscalía alegó ayer que nada ha cambiado para aceptar ahora la petición.

En su escrito para solicitar la prueba, Adade –que nació en 1988 al abrigo del PSOE europeo– argumentó que Rajoy debe aclarar si el PP se ahorró parte de los fondos de las campañas electorales de 2003 y 2004 en Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, de lo que le acusa la Fiscalía, a pesar de no conocer el origen delictivo de los fondos. La acusación cree necesario que los máximos responsables del partido rindan cuentas por los gastos sufragados por la red, sin que sea suficiente la imputación de los exalcaldes de las localidades. Rajoy fue secretario general del PP en 2003 y 2004, año en que pasó a ser el presidente del partido.

Adade también alega que Rajoy puede arrojar luz sobre la confesión del empresario Alfonso García-Pozuelo, que afirmó en el juicio que pagó comisiones a la trama para los «organismos centrales» del PP, sin especificar. Este sería el único argumento nuevo.

Posible videoconferencia

Lo previsible es que Rajoy declare en persona, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, pero la ley admite otras fórmulas, según fuentes jurídicas. El artículo 702 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal asegura que todos los testigos deben declarar «concurriendo ante el tribunal», salvo los miembros de la Familia Real, que pueden hacerlo por escrito; pero el artículo 703 permite evitar la comparecencia si ésta perturba el ejercicio de su cargo. Rajoy no podrá declarar por escrito –una potestad que tiene el presidente del Gobierno– porque los hechos por los que le van a cuestionar no los conoció por el hecho de ser presidente del Gobierno, sino por sus responsabilidades previas en el partido. Además, el artículo 731 bis permite al tribunal practicar la prueba por videoconferencia si la comparecencia es «gravosa o perjudicial» o por razones de «utilidad, seguridad u orden público». El tribunal interpretará la ley para fijar la forma.

En La Moncloa no se esperaba esta citación, que se había esquivado dos veces antes. Desde el partido se había insistido a Presidencia que era poco probable, por lo que la decisión del tribunal acabó sorprendiendo al entorno del presidente, según las fuentes consultadas. Rajoy encajó con tranquilidad la noticia, como es habitual en él, pero en su equipo no se ocultó la preocupación por lo que consideran un «contratiempo», que dará munición a la oposición y exigirá «mucha pedagogía para hacer frente a una demagogia muy fácil».

La respuesta oficial del Gobierno fue expresar su respeto y ofrecer toda su colaboración a la Justicia. Fuentes del Ejecutivo subrayaron que Rajoy «está a disposición de lo que le pidan los tribunales». Eso sí, matizaron que el presidente será llamado a declarar para esclarecer lo ocurrido, «y no porque se le impute ningún tipo de conducta irregular».