OHL reconoce el pago de 2,5 millones de dólares a empresas del caso Lezo, pero niega delitos

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), OHL ha indicado las conclusiones de su investigación interna a la que instó la Guardia Civil en un requerimiento judicial en el marco de la Operación Lezo. En el escrito, la compañía presidida por Juan Villar-Mir de Fuentes reconoce que se han identificado dos transferencias por un importe total de 2,5 millones de dólares (2,28 millones de euros, al cambio actual) efectuadas en noviembre de 2007 «a una sociedad llamada Lauryn Group, domiciliada en Panamá y a una cuenta en el Anglo Irish Bank, en Suiza». Esta firma está siendo investigada en el caso que instruye el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, aunque la empresa niega que se hayan detectado indicios de delito en ambos pagos.

«Dichas transferencias están debidamente asentadas en la contabilidad y cuentan con las correspondientes facturas de soporte, que aparentemente corresponden a transacciones normales dentro del tráfico ordinario de nuestras empresas, y no hay ningún indicio de que pudieran estar relacionados con actos ilegales o ilícitos de ningún tipo», justifica la empresa en el texto. Además, para tratar de disipar toda sospecha hacia la actual dirección, OHL subraya que «todas las personas que en la fecha en que se hicieron dichas transferencias tenían responsabilidad ejecutiva, directa o indirecta» se desvincularon «hace tiempo» del grupo, «bien sea por jubilación, por baja voluntaria o por despido».

OHL ya ha trasladado estas conclusiones preliminares a las autoridades judiciales, en línea con las observaciones que dio a conocer el pasado mes de abril, cuando indicó que según las primeras indagaciones no apreciaba actuaciones ilícitas.

En defensa de López Madrid

La compañía que hoy dirige el hijo del presidente del conglomerado Grupo Villar Mir y fundador de la compañía de construcción y servicios, Juan Miguel Villar Mir, también pretende exculpar en el escrito al yerno del empresario madrileño, Javier López Madrid, consejero de OHL en representación de la matriz y presidente de la filial Ferroglobe. La firma argumenta que López Madrid nunca «ha tenido poder o capacidad para ordenar, autorizar o instruir a empleados» del grupo «para realizar pagos de cualquier tipo, incluidas transferencias». Añade que, asimismo, «jamás ha tenido funciones ejecutivas ni de representación en el Grupo OHL».

OHL recuerda que López Madrid dispone en la actualidad de la «condición de investigado», sin que ello conlleve una acusación formal de delito.

La investigación interna incluye un epígrafe dedicado a la concesión Cercanías Móstoles-Navalcarnero, en la que tampoco encuentra «ni el menor indicio ni sospecha» de que se hayan producido irregularidades. «Se puede concluir, con el grado de avance actual de los trabajos, que la adjudicación de la concesión y todas las actuaciones posteriores en relación con la misma se han realizado con total transparencia y ajustadas a Derecho», reza el texto, que incluso tilda la operación de «proyecto ruinoso para OHL», al haber supuesto «el mayor quebranto para el Grupo en un solo proyecto en toda su historia, con una inversión pendiente de recuperar de 259 millones de euros».

El grupo hace hincapié en que mantendrá el pulso con la Comunidad de Madrid, que instó a la ejecución de los avales presentados e impuso multas, decisiones que la compañía ha recurrido judicialmente. OHL exige al Ejecutivo autonómico el pago de 371 millones de euros en concepto de daños y perjuicios.