Meritxell Borràs, exconsejera en el Gobierno de Puigdemont
Meritxell Borràs, exconsejera en el Gobierno de Puigdemont - INÉS BAUCELLS

Las otras carreras políticas que se ha cobrado la independencia

Artur Mas no es el primer político secesionista relacionado con el «procés» que da un paso a un lado

BarcelonaActualizado:

El expresidente de la Generalitat Artur Mas se ha convertido hoy en el último líder independentista que pone fin a su carrera acuciado por la ofensiva penal contra el proceso, que se ha cobrado ya la trayectoria pública de media docena de políticos catalanes, tanto de PDeCAT como de ERC.

Mas, condenado a dos años de inhabilitación por la consulta del 9N, ha anunciado su renuncia a la presidencia del PDeCAT, decisión en la que, según han apuntado fuentes de su partido y él ha confirmado posteriormente, ha pesado la presión judicial, especialmente después de que el Tribunal Supremo le haya comunicado que le investiga por rebelión en la causa abierta contra el Govern cesado.

El Supremo citará a declarar próximamente como investigado a Artur Mas, a raíz de un informe de la Guardia Civil que lo sitúa en el «sanedrín» que planificó la hoja de ruta independentista, como lo atestigua su asistencia a las diversas reuniones del «comité estratégico» del proceso, recogidas en las agendas incautadas a los detenidos por los preparativos del 1-O.

A ese proceso penal se suma la sentencia por desobediencia por el 9N, todavía pendiente de recurso ante el Supremo pero que ya ha abierto un nuevo frente a Artur Mas, al que el Tribunal de Cuentas ha ordenado embargar una vivienda, de forma preventiva, para cubrir la fianza de 5,2 millones impuesta por gastar dinero público en la consulta del 9N.

Exconsejeros y diputados

Mas ha anunciado en rueda de prensa su dimisión apenas horas después de que el exconseller de Justicia Carles Mundó haya renunciado a su acta de diputado por su decisión de abandonar la política y centrarse exclusivamente en su carrera de abogado.

El proceso por rebelión en que se encuentra investigado en el Supremo, que le llevó a prisión preventiva, ha incidido en la decisión de Mundó justo cuando su nombre se barajaba para sustituir a Carme Forcadell en la presidencia del Parlament.

La propia Forcadell, a quien el Supremo permitió salir de prisión tras pagar una fianza de 150.000 euros y renunciar a la vía unilateral a la independencia, se ha mostrado reticente a confirmar si optará de nuevo a la presidencia de la cámara catalana, un cargo que la pasada legislatura fue clave en la tramitación de las leyes hacia la independencia, lo que le valió cuatro querellas por desobediencia, prevaricación y rebelión.

Las resoluciones y leyes independentistas acarrearon además la imputación de los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament, tres de los cuales -Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Anna Simó, de JxSí- desistieron de presentarse en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, tras desmarcarse de la vía unilateral y acatar el 155 ante el Tribunal Supremo.

En la misma línea de renuncia a la unilateralidad declaró ante el Supremo la exconsellera de Gobernación Meritxell Borràs, que tras pasar por prisión preventiva decidió no volver a presentarse a las elecciones al Parlament, como sí hicieron 18 de los investigados por el proceso independentista, entre ellos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

El Tribunal Supremo decidió la semana pasada mantener en prisión preventiva a Oriol Junqueras, al considerar que persiste el riesgo de que vuelva a delinquir y que no hay indicios de que tenga la intención de abandonar la vía unilateral seguida hasta ahora.

Mientras tanto, desde Bruselas Carles Puigdemont se postula como presidente de la Generalitat, a riesgo de ser detenido si regresa a España, con la promesa de devolver la política catalana a la situación previa a la activación del artículo 155 de la Constitución, una afirmación que va en la línea contraria de las renuncias expresadas ante la justicia por sus antiguos compañeros de Govern.

La eventual investidura de Puigdemont amenaza, asimismo, con pasar factura a las aspiraciones políticas de los exconsellers que le acompañaron a Bruselas, quienes podrían verse obligados a renunciar a su acta de diputados para garantizar la mayoría independentista necesaria para la elección del presidente catalán.