El juez Llarena emplaza a Montoro a que demuestre que no hay malversación en el «procés»

El Tribunal Supremo requiere al ministro a aportar los datos que «contradicen» lo que consta en el sumario de rebelión

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, en el Congreso EFE
Nati Villanueva

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El juez Pablo Llarena ha requerido este miércoles al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro , para que a la «mayor brevedad posible» le informe sobre el soporte objetivo que le lleva a asegurar que «no se había gastado un euro» en el referéndum independentista.

Para el magistrado, las declaraciones contradicen «la fuente de prueba que figura en la instrucción de la causa». De hecho, según un informe de la Guardia Civil, la Generalitat malversó al menos 1.602.001,57 euros procedentes de fondos públicos en la organización y celebración del referéndum. Llarena hace este requerimento después de que distintos procesados se hayan escudado esta semana en las afirmaciones del titular de Hacienda para negar el delito de malversación.

El ministro, cuyo departamento ejerce de acusación particular en este sumario por el posible mal uso de fondos, negó en una entrevista publicada el lunes por el diario «El Mundo» que en el referéndum del 1 de octubre se hubiera utilizado dinero público.

El pasado 20 de marzo, Llarena encargó a la Guardia Civil «la aportación de los documentos y demás elementos objetivos» que «dan soporte» a ese informe sobre «gastos públicos orientados a la celebración del referéndum unilateral de independencia». También declaró secreta esa parte de la causa durante un mes.

Los abogados de la acusación popular en la causa que se tramita en el Tribunal Supremo por el «procés» soberanista en Cataluña, ejercida por Vox, han señalado este miércoles que Montoro debería dimitir si la instrucción demuestra que sí ha existido malversación de fondos públicos para pagar los gastos de la consulta ilegal del pasado 1 de octubre.

«Esperamos que cuando se acredite que hay malversación Montoro presente la dimisión, por dar argumentarios falsos a los procesados por los delitos más graves contra la democracia y también por su falta de control de fondos públicos», ha manifestado Javier Ortega, abogado y Secretario General de Vox, al término de la diligencia judicial.

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