La Fiscalía recompensa a la trama Gürtel por sus confesiones y le marca el camino

Anticorrupción rebaja su petición contra Correa y Costa en el juicio por la financiación ilegal del PP de Valencia

La primera condena firme contra la red corrupta llega 10 años después desde que estallara el caso

Correa y Costa EFE
Luis P. Arechederra

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La Fiscalía Anticorrupción mostró ayer el sendero que deben recorrer los miembros de la trama Gürtel si quieren suavizar su horizonte en prisión. El Ministerio Público redujo su petición de condena en el juicio por la financiación irregular del PP de Valencia contra los tres cabecillas –Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, «el Bigotes» –, y contra el principal político acusado, el ex secretario general de la formación Ricardo Costa.

El Ministerio Público tuvo en consideración el reconocimiento de los hechos prestado por los cuatro, que admitieron el método fraudulento con el que el PP de Valencia se financió en las elecciones autonómicas y municipales de 2007, y las generales de 2008, unos comicios a los que habría acudido en mejor condición que sus rivales políticos, al saltarse ilegalmente el tope de gasto que impone la ley. Costa, el primer político popular que confiesa esta práctica, admitió que el PP se financió con dinero negro y atribuyó toda la iniciativa a Francisco Camps.

Esta decisión coincidió en el tiempo con la sentencia del Tribunal Supremo que convirtió en firme la primera pena contra los cabecillas de la red, condenados a trece años de cárcel por amañar los contratos otorgados por la Generalitat Valenciana en la feria de turismo Fitur en las ediciones de 2005 a 2009. Correa, Crespo y Bigotes se encuentran en prisión por esta pena. La primera condena por sentencia firme llega así más de diez años después de que estallara el caso.

Con este fallo, el Alto Tribunal corroboró que la Gürtel, que colonizó numerosas administraciones del PP en la era previa a la crisis, es una «asociación ilícita» que se organizó para pervertir las normas que deben regir «las licitaciones públicas». El Supremo, que confirmó de forma íntegra las condenas del Tribunal Superior de Valencia, avaló la validez de las escuchas que destaparon el caso, las grabaciones del delator José Luis Peñas . Zanja así una de las reclamaciones de los acusados, que intentaron sin éxito anular el caso por el origen de la investigación, en su opinión una ilegalidad que vició el proceso.

«Punto de inflexión»

En el juicio por la financiación ilegal del PPCV, que ayer quedó visto para sentencia, la Fiscalía rebajó de siete años y nueve meses de prisión, a cuatro años y tres meses, su petición de pena contra Costa. La acusación pública valoró su reconocimiento de los hechos, pero no consideró pertinente aplicarle la atenuante por confesión, lo que hubiera provocado una reducción mayor. Costa llegó tarde, pues no admitió las irregularidades hasta la propia vista oral. La fiscal del caso, Miriam Segura , sí aplicó ese mecanismo legal a los nueve empresarios que reconocieron haber abonado 1,2 millones de euros en negro, cuya pena se limitará a una multa, y al capo Correa.

Esa atenuante justifica la rebaja en un tercio en la petición contra el cabecilla. La Fiscalía solicitó siete años y tres meses de cárcel para Correa, cuando en el inicio del juicio pedía 22 años. Además de la confesión, valoró que el capo desbloqueó 2,06 millones de sus cuentas en Suiza, un dinero que llegó ayer mismo a la Audiencia Nacional. La petición contra el Bigotes y Crespo descendió hasta 16 años y medio de cárcel, y 13 años y medio, respectivamente.

En su alegato, el abogado del Estado manifestó que este juicio ha provocado «un cierto punto de inflexión» en el caso Gürtel, al destaparse un «cierto esfuerzo de colaboración» con la Justicia por parte de los principales responsables. Si esta línea se mantiene en las piezas que restan por juzgar (la caja B del PP, las actividades de la trama en Aena, en Jerez y en Boadilla), la reducción en las futuras condenas podría continuar. El Bigotes, en el turno para la última palabra, se desmarcó, afectado por el fallo del Supremo: «Hoy he dejado de creer en la Justicia y he decidido dejar de colaborar»

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