Ricardo Costa, en una imagen de archivo
Ricardo Costa, en una imagen de archivo - ÁNGEL DE ANTONIO

La Fiscalía reduce su petición de condena contra Costa por admitir la financiación ilegal del PP de Valencia

El Ministerio Público solicita cuatro años y tres meses de prisión para el ex secretario general de la formación

La Fiscalía pide siete años y tres meses de cárcel para Correa, el cabecilla de la Gürtel, al valorar su confesión

MadridActualizado:

La Fiscalía Anticorrupción ha tenido en cuenta el reconocimiento de los hechos de Ricardo Costa, que admitió la financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana, y ha rebajado su petición de condena contra él de siete años y nueve meses de prisión a cuatro años y tres meses, lo que dibuja un horizonte menos grave.

El Ministerio Público ha valorado que Costa reconociese que el PP de Valencia se financió ilegalmente en las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y en las generales de 2008, aunque no llega a aplicarle la atenuante prevista por la confesión de los hechos, al no admitir los hechos hasta el pleno desarrollo del juicio. Anticorrupción ha expresado sus modificaciones este martes, en la sesión de la vista oral prevista para los informes finales, el turno en el que acusaciones y defensas exponen sus conclusiones tras la práctica de las pruebas en el juicio, a punto de bajar el telón.

Costa alteró el ritmo del juicio en la Audiencia Nacional el pasado 24 de enero, al reconocer las acusaciones de la Fiscalía, convirtiéndose en el primer político popular que reconoce, con aparente arrepentimiento, la financiación del PP con dinero negro a través de la trama Gürtel, una confesión que llegó diez años después de que estallara el escándalo en 2008. El antiguo secretario general de la formación regional apuntó al antiguo presidente valenciano Francisco Camps, a quien atribuyó la orden del método de pagos en negro. La Fiscalía valorará al finalizar la vista actuar contra Camps, que negó rotundamente» su implicación en la finaciación.

En sus conclusiones, el Ministerio Público también ha rebajado sus peticiones contra los cabecillas de la trama Gürtel, la red corrupta que colonizó numerosas administraciones del PP en la era previa a la crisis. El mejor parado es el propio cabecilla, Francisco Correa, quien también admitió las acusaciones que pesan contra él en un escrito previo al inicio de la vista oral. Anticorrupción solicita para él una pena de siete años y tres meses de prisión, por tres delitos electorales, un delito continuado de falsedad documental, y seis delitos contra la Hacienda Pública. En un primer momento, la Fiscalía solicitaba para él más de veinte años de cárcel. Correa desbloqueó 2,06 millones de euros que disponía en Suiza para reparar el daño causado al Fisco, un dinero que ha llegado al juzgado este mismo martes, según ha revelado el juez del caso. Las acusaciones también han tenido en cuenta este esfuerzo.

El abogado del Estado, Edmundo Bal, ha manifestado que este juicio ha provocado «un cierto punto de inflexión» en el caso Gürtel, al destaparse un «cierto esfuerzo de colaboración» con la Justicia por parte de los tres principales responsables de la red corrupta, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, «el Bigotes». La acusación que representa los intereses de Hacienda ha dejado claro que, al rebajar sus peticiones, los acusadores han sido «generosos» con Crespo y Pérez, cuyas confesiones ha calificado de «débiles».

El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia resolverá si se cometieron los delitos en juego: electorales, falsedad documental y delitos contra Hacienda. Es decir, si el PPCV se financió ilegalmente con facturas falsas por conceptos ficticios, con los que burlaron el tope de gasto electoral permitido por la ley. En las primeras sesiones de la vista oral, nueve empresarios confesaron pagos en negro al partido por importe de 1,2 millones de euros, con los que sufragaron los trabajos electorales prestados al partido por la Gürtel, a través de la empresa Orange Market. El Ministerio Público solicita para ellos penas que no implican cárcel y multas.

Los líderes de la red –además de Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, conocido como el «Bigotes»– también reconocieron la financiación ilegal pero atribuyeron la iniciativa del método al PP. Esta confesión ha provocado que la Fiscalía rebaja su petición de condena de 27 años de prisión a 16 años y medio para el Bigotes, el hombre fuerte de la red corrupta en Valencia. Para Crespo, el Ministerio Público también rebaja su petición, hasta los 13,5 años.