Un exconsejero de Pujol admite que cobró el 3 por ciento por corromperse

El exconsejero de Presidencia de la Generalitat de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta, reconoció ayer martes que cobró comisiones del 3 o 4 por ciento por mediar a favor de la trama Pretoria, unos hechos por los que la Fiscalía pedía para él seis años y diez meses de prisión.

Prenafeta, la mano derecha de Jordi Pujol entre 1989 y 1990, admitió las acusaciones del Ministerio Público, que le atribuye los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Este reconocimiento busca un pacto con la Fiscalía para no entrar en prisión, acuerdo supeditado a que ponga sus bienes a disposición de la justicia para satisfacer la multa reclamada, que ronda los 10 millones de euros.

Esta confesión también supone reconocer que ocultó a Hacienda 14,9 millones de euros entre 2000 y 2007 procedentes de comisiones por operaciones públicas y privadas.

637.890 euros procederían de los hechos de este caso.

En su declaración en el juicio del caso Pretoria, Prenafeta reconoció los hechos relatados en el escrito de acusación de la Fiscalía, en el que se detallan las argucias de una trama que corrompió las actividades urbanísticas en tres municipios del área metropolitana de Barcelona (Santa Coloma de Gramanet, San Andrés de Llavaneras y Badalona) en la era de la burbuja inmobiliaria, entre 2001 y 2009. Prenafeta está acusado de usar sus contactos políticos, entre ellos Jordi Pujol y Artur Mas, para favorecer a la trama, dirigida por el antiguo diputado socialista del Parlamento catalán Luis Andrés García, alias «Luigi».

«Si yo hablé con el señor Artur Mas fue para hacer un favor al señor (Lluis) Casamitjana», afirmó ayer el acusado, en alusión a un empresario constructor históricamente ligado a la antigua Convergència. «A los amigos como Mas no puedo dejar de saludarles», añadió Prenafeta, quien cifró las comisiones que cobró por esta labor en un 3 o 4 por ciento, el pago «habitual en el mercado». Trató de restar importancia a sus contactos políticos en esta labor.

La confesión de Prenafeta estaba condicionada por la declaración de su colega Macià Alavedra, consejero de Economía de la Generalitat de Jordi Pujol entre 1990 y 1997, quien ya había reconocido en el juicio las acusaciones que pesan contra ambos: su función era encontrar compradores para los suelos recalificados de forma irregular en los municipios de San Andrés de Llavaneras y Badalona, una misión por la que se repartían las comisiones.

«Convinimos en dividirlo en tres partes», explicó ayer la antigua mano derecha de Jordi Pujol, en referencia a él, Alavedra y «Luigi», el capo de la red. El Ministerio Público considera, además, que Prenafeta utilizó un complejo entramado societario para defraudar las ganancias, que ocultó con la ayuda de su esposa, Lluisa Mas, que también reconocio ayer los hechos.