El Congreso rechaza por unanimidad la comparecencia de Fernández Díaz por las escuchas

La Mesa de la Diputación Permanente ha rechazado por unanimidad la petición de comparecencia del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, por las conversaciones grabadas con el máximo responsable de la oficina antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

La solicitud de comparecencia había sido registrada por Podemos y los dos grupos independentistas catalanes, ERC y CDC, pero la Mesa ha estimado que la labor de la Diputación Permanente no es la de ejercer un control ordinario sobre el Gobierno, como han considerado el caso. De hecho, no existen precedentes de citaciones a miembros del Gobierno para realizar comparecencias parlamentarias con las Cortes disueltas.

No obstante, el secretario segundo de la Mesa, Ignacio Prendes, ha adelantado al término de la misma que Ciudadanos solicitará la comparecencia del ministro del Interior el próximo día 19 de julio, cuando se constituirán las nuevas Cortes.

«Nos parece que dado qeu se ha renovado la legitimidad de la Cámara con unas elecciones que se han celebrado hace dos días, lo que procede es que comparezca ante ese nuevo Congreso. No nos parecía razonable que compareciera ante una Diputación Permanente que representa a una Cámara que ya no existe», ha señalado a la prensa. Para la formación naranja las grabaciones al ministro constituyen un caso de «extrema gravedad» y por eso reclamará explicaciones.

Los dos partidos independentistas catalanes también habían solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para que explicara por qué no ha cesado al ministro, pero esta petición también ha sido denegada por la Mesa que ha concluido así su primera reunión tras las elecciones generales del pasado domingo.

Fernández Díaz acudirá, no obstante, al Parlamento esta mañana aunque para participar en un acto muy distinto, el homenaje solemne en recuerdo de las víctimas del terrorismo que el Congreso rendirá a las doce de esta mañana. Está previsto que en el mismo participen las asociaciones de víctimas y otros representantes políticos.